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El PSC denuncia que más de 2.000 tarraconenses esperan una plaza en la residencia pública

La diputada socialista Rosa Maria Iborra pide en el Govern que atienda con las dotaciones económicas necesarias estos casos
  • Redacció

Actualizada 26/04/2016 a las 15:48

«Según los mismos datos oficiales de la Generalitat, más de 2.000 personas están en lista de espera en las comarcas tarraconenses para acceder en una plaza de residencia pública para las personas mayores, una cifra realmente intolerable,» así lo ha denunciado hoy la diputada socialista por Tarragona, Rosa Maria Ibarra, que ha pedido al Govern que atienda con las dotaciones económicas necesarias estos casos.
Rosa Maria Ibarra ha recordado que el Govern de CDC-ERC ha venido ignorando durante los últimos años todas las propuestas del PSC para reducir estas listas de espera, estableciendo calendarios y fijando recursos, a las residencias públicas. «Estamos hablando de unos ciudadanos que no pueden esperar. ¿Qué salida se les da con estas larguísimas listas de espera? Pues ir a una residencia privada –quién se lo pueda pagar- o bien dejar en exclusiva la responsabilidad de cuidar de los abuelos en manos de los familiares. Esta es la disyuntiva real con la que se encuentran muchas familias».
En este sentido, la diputada socialista ha recordado que según las mismas asociaciones de Gent Gran de Catalunya el tiempo de espera efectivo para acceder a una plaza pública de una residencia se dilata hasta cinco años.
«Como siempre pasa, detrás de los números hay una realidad que en muchos casos es realmente dramática. Por ejemplo, hablando con asociaciones de Gent Gran nos explican casos de abuelos y abuelas que requieren ser atendidos varias veces durante la noche con lo que eso comporta para los familiares que cuidan y que al día siguiente tienen que ir a trabajar», explica la diputada.
Rosa Maria Ibarra ha reiterado el compromiso del PSC de sumar esfuerzos donde haga falta, también al Parlamento, para fijar una agenda social que se dé una respuesta efectiva a la situación que se vive a pie de calle en Catalunya.
«Con el conflicto institucional permanente y con discursos encendidos estériles no vamos a ningún sitio. No podemos hablar cada día de la libertad cuando esta libertad y la dignidad que comportan les es negada, por ejemplo, a las personas con discapacidad que se ven obligadas a vivir con menos de 100 euros en el mes. Los catalanes nos merecemos que entre todos seamos capaces de establecer un plan que garantice los servicios básicos del Estado del Bienestar y unos ingresos mínimos para todo el mundo, tal como defienden las asociaciones del tercer sector y las ONG que trabajan el ámbito de la pobreza y las desigualdades como Save the children», ha concluido la diputada vallense.
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