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La CUP de Tarragona y sindicatos denuncian los «conflictos de intereses» que genera el actual modelo sanitario

Avisan que el caso de la CABEZA|CABO|JEFE Murallas de Tarragona es «la punta del iceberg» de presuntas prácticas corruptas
  • ACN.cat

Actualizada 21/04/2016 a las 18:30

La CUP de Tarragona y los sindicatos Médicos de Cataluña, SATSE y CGT han denunciado este jueves los «conflictos de intereses» que genera el actual modelo sanitario. Las cuatro organizaciones están personadas como a acusación en el caso CABE Murallas sobre presuntas irregularidades en la adjudicación de la gestión de este centro de asistencia primaria de la ciudad. Según la CUP, los avances en la investigación han puesto de manifiesto que esta es «la punta del iceberg» de los conflictos de intereses que existirían entre la empresa pública GIPPS y la entidad mixta Red Sanitaria Santa Tecla. A día de hoy, el juzgado de instrucción número 2 de Tarragona mantiene al exgerente de GIPPS, Xavier Bria, como a único investigado por este caso. Bria es el actual director de la CABEZA|CABO|JEFE Murallas y accionista mayoritario de Murallas Salud, la Entidad de Base Asociativa (EBA) que se adjudicó la gestión el año 2013.
Según la CUP y los sindicatos, el caso de la CABEZA|CABO|JEFE Muralles podría sacar a la luz actuaciones que se habrían impulsado para favorecer los intereses personales de los administradores de entidades de salud de titularidad privada del territorio. «El juez tiene encima de la mesa|tabla el análisis de los flujos económicos entre GIPSS y la Red Santa Tecla y cuáles son los intereses particulares de determinadas personas que tienen un pie en la empresa pública y el otro en la privada», ha expuesto al abogado de la CUP, Carles Perdiguero.Les organizaciones denunciantes creen|cruzan que, a raíz de las investigaciones llevadas a cabo por la Guardia Civil, se han encontrado indicios con que permitirían ampliar el alcance del caso y aumentar el listado de personas investigadas, según la portavoz de la CUP de Tarragona, Laia Estrada. «Llegaremos hasta el fondo del caso y hasta las últimas consecuencias, y perseguiremos cualquier sombra de corrupción que cierna sobre la sanidad tarraconense o de cualquier lugar|sitio del país», ha asegurado al vicepresidente del sindicato de Médicos de Cataluña, Xavier Lleonart. El caso del NINGÚN MurallesEls hechos investigados para|por el juzgado de instrucción número 2 de Tarragona se remontan en octubre de 2012, cuando|cuándo el CatSalut abrió un concurso para gestionar la CABEZA Murallas, el cual había sido gestionado hasta entonces por Gestión y Prestación de Servicios de Salud (GIPSS). Según los denunciantes, las primeras sospechas surgen cuando la empresa pública decide no presentarse al concurso. Entonces era el gerente el doctor Xavier Bria, lo único investigado en este caso, por|para los presuntos delitos de negociaciones prohibidas con funcionarios, soborno o blanqueo. En febrero del 2013, la gestión de la CABEZA|CABO|JEFE Muralles se adjudicó en Murallas Salud SLP, una entidad privada con ánimo de lucro. En agosto de aquel mismo año, el Gobierno decidió fusionar las gerencias de GIPSS y del ICS y cesó Bria. En septiembre, el exgerente de GIPSS se reincorporó a su plaza de facultativo en la CABEZA Murallas y fue nombrado director médico del centro. Según los denunciantes, en aquel mismo momento, Bria ejecutó una opción de compra de acciones de Murallas Salud SLP que tenía reservada y, tres meses más tarde, se convirtió en presidente de su Consejo de Administración y, finalmente, director de la CABEZA|CABO|JEFE Muralles. Para las organizaciones denunciantes, la marcha de Bria de la gerencia de GIPSS y su incorporación en la CABEZA Murallas y a la junta de accionistas de la nueva empresa gestora no fue casual. En este sentido, han constatado la existencia de un acta notarial de agosto del 2012 según la cual, siendo todavía gerente de GIPSS, el doctor firmó un acuerdo de opción de compra de participaciones de Murallas Salud SLP y ya preveía su nombramiento coma presidente del Consejo de Administración. «Dos meses después, GIPSS no se presentó al concurso para seguir gestionando el centro y fue Muralles Salud SLP quien|quién acabó consiguiendo la concesión», han denunciado. El abogado de la CUP ha apuntado que, según la investigación, se habrían cometido presuntos delitos por uso de información privilegiada, de negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, blanqueo, prevaricación, malversación o delitos societarios. Recortadas associadesDes del sindicato SATSE, Catarina Ródenas ha lamentado que la pérdida de la gestión de la CABEZA|CABO|JEFE Murallas por parte de GIPSS ha comportado un empeoramiento de las condiciones laborales y retributivas de su personal, ya que la empresa pública ha sufrido un recorte presupuestario del 24% como consecuencia de no contar con esta concesión. Eso ha provocado que, desde el 2013, el personal haya dejado de percibir el complemento de objetivos (DPO) que se supedita al equilibrio presupuestario. Esta situación económica también ha comportado que GIPSS no pueda contratar personal por|para suplencias y sustituciones y que todas las inversiones en material estén también paradas. «Una disminución tan severa del presupuesto es difícil que no afecte a la calidad de la asistencia que reciben a los pacientes, ya sea en forma de saturación de los servicios o incremento de las listas de espera», ha afirmado Ródenas. Derivaciones en Santa Tecla en detrimento de Joan XXIIIPer su banda|lado, el delegado sindicado de la CGT, Agustí Aragonès, ha denunciado que, una vez adjudicada la gestión de la CABEZA|CABO|JEFE Murallas a la entidad privada, se ha modificado el centro preferente para la derivación de pacientes a los especialistas, de manera que ahora se dirigen a la Red Sanitaria Santa Tecla en lugar del Hospital Juan XXIII, gestionado por el ICS. «Queremos un sistema sanitario público, único y universal», ha defendido al sindicalista. A su vez, la exdiputada de la CUP Isabel Vallet ha denunciado que, este, no es un caso aislado de presunta corrupción. Según Vallet, el propio modelo facilita estas prácticas, ya que «no delimita qué es público y privado» y «permite que haya centros públicos pagados con recursos públicos y centros privados pagados con recursos públicos». La exdiputada ha reclamado recuperar la titularidad pública del modelo sanitario y que se detenga la derivación de recursos públicos a centros privados.
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