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Proponen medidas para flexibilizar el pago de las deudas municipales

El consistorio ofrece mejoras que facilitarán el abono de las actualizaciones del catastro a aquellos que acumulan más de un recibo

Actualizada 06/04/2016 a las 21:47

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Tarragona propuso ayer, en Comisión de Beneficios Fiscales, varias medidas para facilitar el pago de las actualizaciones del catastro. En este sentido, el objetivo del consistorio es flexibilizar los plazos de abono de las deudas municipales. El concejal de Hacienda, Pau Pérez, explicó que «las deudas municipales continúan al orden del día, pero en este caso, hay muchas familias que tienen que pagar más de un recibo porque la actualización del catastro ha provocado que afloraran estos pagos pendientes». La propuesta del equipo de gobierno se basa en tres modificaciones referentes al pago de deudas municipales como el IBI, el IAE o las plusvalías.
Por una parte, el motivo principal para flexibilizar los pagos responden a la regularización del valor catastral de las viviendas o construcciones que no habían hecho la declaración pertinente una vez acabada la obra. Pérez destacó que más de 1.200 ciudadanos se encuentran en esta situación y podrán beneficiarse de las propuestas. Plantean, pues, duplicar los plazos de pago, pasante de uno a dos años, en aquellos casos que el contribuyente tenga que hacer frente a liquidaciones correspondientes a más de un ejercicio. Si el importe de las deudas está comprendido entre los 60 y los 300 euros, estos podrán fraccionarse por un periodo máximo de tres meses, mientras que si el importe llega a los 2.000 euros el fraccionamiento será de ocho meses con un importe mínimo de 100 euros mensuales. Si la deuda se encuentra entre 2.000 y 6.000 euros, se podrá fraccionar por un periodo máximo de 12 meses. En el caso de deudas superiores a los 60.000 euros, el pago podrá dividirse, como máximo, en 60 meses. Pérez defendió que la flexibilización de los plazos busca «facilitar un mayor fraccionamiento de las deudas» y aliviar la situación de todo aquel ciudadano que tiene que hacer frente a una elevada cantidad económica.
 

Más de 1.200 ciudadanos podrán beneficiarse de estas modificaciones de las ordenanzas


En segundo lugar, también propusieron triplicar la cantidad a partir de la cual se exige un aval, pasando de 6.000 a 18.00 euros. Así, el concejal destacaba que «es una manera de facilitar el pago si tenemos en cuenta las dificultades que supone la concesión de una garantía bancaria». Asimismo, Pérez explicó que la tercera modificación de las ordenanzas propuestas establece una compensación en la plusvalía de la dación en pago y exenciones hipotecarias antes de que la ley lo recogiera. También recordó que quedaba pendiente compensar el impuesto de bienes e inmuebles (IBI) cuando el propietario de la vivienda hacía una dación en pago dentro del mismo año, teniendo en cuenta que ya se le había girado el recibo el 1 de enero. Ahora bien, el gobierno planteaba que queden exentos en pagar las plusvalías aquellos casos en que se produzca una venta forzosa a una sociedad indicada por la entidad bancaria, con el fin de liberarse de la hipoteca.

CiU y C's también proponen
El portavoz del grupo municipal de CiU, Albert Abelló, propuso a la Comisión de Beneficios Fiscales la bonificación del impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) en las viviendas de la ciudad que sean energéticamente más eficientes. «Lamentamos que finalmente el gobierno del Estado español no haya aprobado su propia iniciativa que permitía que los Ayuntamientos pudieran regular una bonificación del IBI en las viviendas en función de su certificación energética», manifestó. Además, defendió que «aunque a última hora el PP se acobardó, el Ayuntamiento de Tarragona tiene potestad y los mecanismos para hacer realidad esta bonificación».
Por otra parte, el portavoz del grupo municipal de C's, Rubén Viñuales, propuso «una serie de medidas basadas en beneficios fiscales para incentivar la contratación y la actividad empresarial en la ciudad». En este sentido, sugirió «bonificaciones fiscales del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) o de Actividades Económicas para aquellas empresas o autónomos que contraten tarraconenses en situación de desocupación|desempleo». Y también la exención de tasas de apertura|abertura e implantación para los nuevos negocios que abran sus puertas a Tarragona. Viñuales aseguró que «la exención de tasas e impuestos es un incentivo para la creación de empleo y la activación del comercio local». Además, defendió la necesidad de «crear un entorno impositivo atractivo para la captación de nuevas empresas y actividades».
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