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Ferrando no pot entrar al seu local, des de la instal·lació de la bastida, l'any 2013.

Ferrando no pot entrar al seu local, des de la instal·lació de la bastida, l'any 2013.

Cristina Aguilar

Un juez podría parar la concesión de la licencia de obras de Ca l'Ardiaca

Dictará medidas cautelares a raíz de la denuncia de un empresario que habría comprado el local del número 2 del Pla de la Seu y Grup Artal le disputaría la propiedad

Actualizada 15/03/2016 a las 21:23

Un juez podría parar sine die el proyecto de construcción de un hotel de lujo en el palacio gótico de Ca l'Ardiaca. Un empresario asegura que la finca situada en el número 2 del Pla de la Seu es de su propiedad, aunque el mismo proyecto impulsado por la promotora del recinto hotelero, Grup Artal, incluye este espacio como si fuera titular. Ahora, la denuncia presentada por Xavier Ferrando ha prosperado y, esta semana, el juez dictaminará las medidas cautelares. En nombre del Grupo Inmobiliario Ferbor, Ferrando explica que compró el año 2013 la finca del número 2 del Pla de la Seu, conocida como Ferré Golarons, pero su titularidad le disputa a la promotora del hotel y propietaria de Ca l'Ardica, Grupo Artal. Esta semana, el juzgado de primera instancia número 7 de Tarragona dictaminará las medidas cautelares y podría detener el proceso para que la promotora zaragozana consiguiera la licencia de obras. Ferrando confía en que el juez le dará la razón y que se podrá demostrar que es el propietario de este local de 175 metros cuadrados, que se encuentra engastado en el edificio de Ca l'Ardiaca. Destaca que «si el Ayuntamiento da la licencia de obras, yo lo podría detener por haber interpuesto un litigio». Hace falta recordar que, hace pocos días, el concejal de Urbanismo, Josep Maria Milà, aseguró que quedaban pocos trámites para otorgar la licencia de obras y construir el polémico hotel en Ca l'Ardiaca.
Ferrando se interesó por el local en cuestión hace más de diez años. Quiso adquirir la finca que se conocía como Souvenirs con el objetivo de convertirlo en un restaurante familiar. «Querían poner en marcha un negocio de restauración, pero hace muchos años que hicimos una inversión y el dinero nos lo tenemos que gastar en abogados y procuradores», detalla. De hecho, Ferrando hace más de nueve años que no ha podido poner en marcha su negocio.
 
Cuando un juez reconozca que la finca es suya, tiene claro que llevará el caso al juzgado de lo penal

Para poder abrir el restaurante, el empresario necesitaba separar el local de la finca del número 8 del Pla de la Seu. Ferrando asegura que firmó un contrato de compra venta de los derechos para adquirir el local al propietario del momento, entre el año 2005 y 2006, aunque la escritura no se realizó hasta el 2013. Así, subraya que «aunque tuve que comprar los derechos del local a un particular, la propiedad era del Arzobispado y ellos saben que se lo compré».
Además, también necesitaba la segregación de esta finca del edificio de Casa el Arcediano que está formado por los números 4, 6 y 8 del Pla de la Seu. La Comisión Territorial de Cultura de la Generalitat en Tarragona aprobó por unanimidad, el año 2014, la segregación del local número 2 del Pla de la Seu, pero el Ayuntamiento todavía no ha plasmado este acuerdo porque falta la aprobación de dos planos de protección específicos de la Parte Alta.
La problemática de todo radica en la disputa por la titularidad de la propiedad. «Grup Artal dice que el local es suyo e hizo una escritura unilateral. Compraron el edificio de Ca l'Ardiaca el año 2006, pero ya constaba que no les pertenecían los bajos y una habitación del primer piso que forma parte de la casa Ferré Golarons. Después, el año 2008, se presentaron, sin el vendedor, directamente en el notario y realizaron una escritura unilateral añadiendo mi propiedad. Se trata de un hecho totalmente ilegal que hay que demostrar ante un juez», denuncia. Así, aunque no será hasta finales de semana que dictarán las medidas cautelares, el empresario tiene muy claro que «cuando obtengamos la sentencia a nuestro favor, emprenderemos acciones de carácter civil y penal contra todas y cada una de las partes por daños y perjuicios». Está dispuesto a llevar en el juzgado de lo penal en «Grupo Artal, el notario que firmó la escritura de manera unilateral, al registrador de la propiedad y, por supuesto, al Ayuntamiento de Tarragona, después de no buscar ninguna solución para que yo pueda entrar en mi local al haberlo notificado».

El andamio le cierra el paso
Más allá del litigio abierto, Xavier Ferrando lamenta que «desde la instalación del andamio, no he podido entrar a mi local». Así, muestra cómo hay un candado que cierra el tramo lateral de andamio y no dispone de ninguna llave para acceder. «He notificado cuatro veces en el Ayuntamiento de Tarragona este y otros hechos, pero no se han dignado a responderme».
Además, asegura que el año 2014 presentó una denuncia por robo contra Grup Artal porque «entraron en mi propiedad y se apropiaron de antigüedades y materiales por valor de 185.000 euros», presuntamente. El caso también se encuentra en manos de los Mossos d'Esquadra. En consecuencia, Ferrando asegura que «no me opondré a la construcción de un hotel, pero para conseguirlo necesitan mi parte y ya no estoy dispuesto a venderla, una vez veo cómo se han comportado».

«Salvamos Ca l'Ardiaca»
Los vecinos de la calle Merceria y de las calles de los alrededores de Ca l'Ardiaca hace tiempo que denuncian el mal estado del edificio y la preocupación que les supone. A través de Facebook han abierto la página de la plataforma Salvamos Ca l'Ardiaca y publican todo tipo de incidentes relacionados. Una vecina de la zona asegura que «la valla de detrás de la Plaça dels Cabrits está abierta, puede entrar gente sin ningún problema». Además, recuerda que «el miedo y la preocupación por nuestra seguridad es constante. Cuando llueve, el agua se filtra y podemos ver desprendimientos». Dicen también que «todavía no se ha aclarado las causas del incendio de hace un mes». Consideran que el consistorio es quien tiene que hacerse responsable de manera subsidiaria y «tranquilizar a los vecinos». Se están planteando acciones para reivindicar una solución.
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