CCOO pide la implicación de la administración para salvar la industria del cloro

Todo se recoge en un informe que está elaborando la federación estatal de CCOO de Indústria, para analizar la situación de las empresas españolas que se dedican a la fabricación de cloro y la afectación que pueden suponer los cambios que plantea la normativa europea. Un informe que se ha presentado este martes a las secciones sindicales de las empresas del sector en Cataluña, para analizar la situación concreta de estas compañías y marcar la estrategia a seguir a partir de ahora por parte del sindicato.

Principalmente, y tal como ha detallado Javier Pacheco, secretario general de CCOO de Industria de Cataluña, reclaman a las administraciones que se reduzca la tarifa eléctrica a las empresas productoras de cloro, así como que los gobiernos español y catalán ayuden económicamente a las compañías a la hora de migrar de un sistema de producción en el otro. En el caso de Ercros, calculan que la inversión que haría falta para hacer el cambio es de 42 MEUR, mientras que en el caso de Inovyn-Solvay sería de 80 MEUR.

Refiriéndose detalladamente a cada una de las empresas afectadas en Cataluña, Pacheco ha exigido a Covestro que «revierta la decisión» y mantenga la producción de MDI en el centro tarraconense, ya que se trata de una «decisión política», que no tiene nada que ver «ni con las condiciones económicas de la rentabilidad del negocio en la planta de Tarragona, ni con tendencias de mercado».

Con respecto a Ercros, ha asegurado que si no cierra Covestro podría acompañar|reconducir parte de su actividad a la fabricación de bifosfato –lo cual permitiría mantener una cincuentena de puestos de trabajo–, además de apostar por un proceso de reindustrialización en la Ribera de Ebro. Asimismo, ha reclamado que la empresa busque líneas de financiación para modificar su sistema de producción de cloro, y así continuar como proveedor de este producto para Covestro. En cuanto a Inovyn-Solvay, ha reivindicado medidas similares, en la línea de conseguir una rebaja del coste energético y cambiar el sistema de producción de cloro.

Juan Carlos Álvarez Liébana, secretario del Área de Política Industrial y Sectorial de la federación estatal CCOO de Indústria, ha añadido a todo eso que la normativa europea, evidentemente, no afecta a las empresas que se encuentran en el resto del mundo, motivo por el cual se reduce la competitividad de las plantas de aquí, que no se encuentran en igualdad de condiciones con las otras. Por todo ello, ha remarcado que hace falta que Gobierno y Estado muevan ficha y hagan llegar la preocupación del sector en la Unión Europea. «Difícilmente podemos avalar la posición» que mantienen los gobiernos, ha dicho, si no hacen frente o no ponen medidas. «No sólo se trata de crear empresas, sino de evitar que se destruyan», ha exclamado.

En la industria química en la demarcación de Tarragona trabajan unas 6.000 personas de manera directa, 10.000 si se suman los puestos de trabajo indirectos. En este sentido, según Vicente Moya, secretario general de CCOO de Industria de Tarragona, toda esta problemática podría suponer que hasta 400 personas perdieran el trabajo (300 de manera directa y 100 más de indirecta). En toda Cataluña la cifra aumentaría hasta superar a los 800 trabajadores (sumando a los afectados tarraconenses la plantilla de Inovyn-Solvay de Martorell).

Finalmente, desde CCOO han hecho un llamamiento al otro sindicato mayoritario, UGT, por|para trabajar conjuntamente y mediar en la situación que viven las empresas de la industria del cloro, tanto con la dirección de cada una de las compañías como con los gobiernos, de manera que se pueda aclarar el conflicto, resolver la incertidumbre y garantizar el máximo de puestos de trabajo posible.