Las DPO del 2016 suman 2,3 millones y el Hospital analiza el detalle del laudo

El Hospital Sant Joan de Reus se encuentra en estos momentos «analizando la resolución del Departament de Treball» que, con fecha del pasado 17 de agosto, desestimó la pretensión de la empresa municipal de no pagar a la plantilla del centro sanitario las retribuciones variables por objetivos (DPO) correspondientes al ejercicio 2016. Lo hace para, «a partir de aquí, decidir como proceder». Fuentes de la sociedad detallan que el laudo arbitral que da la razón a los trabajadores en la reivindicación sobre las cantidades salariales y que fue difundido hace algunas semanas por el mismo Comité de Empresa, ha sido avanzado por correo electrónico en el Sant Joan pero el Hospital no había recibido todavía, a finales de la semana pasada, la pertinente notificación a través de correo certificado. No concretan, de cualquier forma, cuáles son las previsiones en este sentido ni tampoco ningún plazo.

La cifra que el Hospital tendría que desembolsar para satisfacer las DPO tal como indica Treball sube, según apuntan las mismas fuentes, hasta los 2,3 millones de euros. El laudo es el resultado de un doble procedimiento iniciado por el propio Hospital Sant Joan el pasado marzo. La sociedad abrió entonces conversaciones para «consensuar las medidas más adecuadas para alcanzar el equilibrio» económico. Y al mismo tiempo convocó la Comissió Paritària para «resolver las discrepancias que pudieran surgir en la negociación para la no aplicación del régimen salarial establecido en el convenio» para la plantilla Ambos procesos incorporaban la pretensión de no hacer frente a las DPO del 2016, que había que abonar el primer trimestre del 2017.

Desequilibrio económico

De hecho, desde el Consejo de Administración del Sant Joan justificaban meses atrás la decisión anunciada de no hacer efectivas las retribuciones variables por objetivos a los empleados y aseguraban que, según el convenio, la empresa municipal sólo estaba obligada a pagarlas siempre que se encontrara en situación de equilibrio económico. Con un déficit de casi 8,4 millones de euros –cerca de 4 de ellos correspondientes a fondos desviados de Gecohsa el verano pasado– al cierre del ejercicio 2016, y siguiendo el mismo razonamiento, la premisa «necesaria» no se daba.

El primero de los dos procesos tocó a su fin en mayo, cuando «se dieron por agotadas las negociaciones», tal como concreta el laudo, sobre el capítulo del equilibrio. El segundo, a pesar de encerrarse en la misma fecha, pedía la intervención del Tribunal Laboral de Catalunya (TLC).

El acto de conciliación, el 6 de junio, no sirvió para alcanzar un acuerdo. Fue entonces que Noemí Llauradó, como representante del Hospital Sant Joan, presentó ante el Consell de Relacions Laborals de Catalunya «una solicitud para la solución de las discrepancias surgidas». Todo desembocó en el laudo, el cual es ahora, según queda reflejado en el mismo documento, «vinculado e inmediatamente ejecutivo».

En el tema de fondo del conflicto, el laudo arbitral de Treball especifica que «dentro del convenio de empresa, el abono de las retribuciones no está condicionada a la existencia de déficit» y que como las DPO –tal como reclamaba el Comité de Empresa después de que la sociedad iniciara los movimientos– son devengadas en el 2016, «no es posible la inaplicación o descolgamiento, que no puede tener una eficacia retroactiva.» El documento concluye que «al pretender inaplicat el abono de las retribuciones variables por objetivos correspondientes al 2016, se pretende la inaplicación retroactiva del convenio, que tenemos que estimar como prohibida por nuestro ordenamiento jurídico».

Capital social e inmuebles

Con respecto a otra de las cuestiones pendientes sobre la situación económica del Hospital, la de las medidas adoptadas para remover la causa de disolución que pesaba sobre la empresa a raíz del desequilibrio económico, fuentes del Sant Joan explican que «se han llevado a cabo las publicaciones exigidas legalmente –entre las cuales hay la que se hizo el pasado 14 de agosto en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)– y se está a la espera de que transcurra el plazo legal para poder ejecutar la operación simultánea de reducción de capital y de aportación de inmuebles». En el BORME ya se anunciaba esta reducción de capital, de 3.516.021,40 euros, que fija ahora la cifra global para la sociedad en su límite legal, 60.101,20.