Fiscalia solicita entre 4 y 6 años de prisión en los investigados al caso Tecnoparc

Fiscalia ha pedido penas de seis años de prisión para Àngel Cunillera, cinco años y ocho meses para Jordi Bergadà, y cinco y cuatro años y ocho meses para Xavier Gómez y Ramón Urgellès respectivamente en el escrito en el juzgado de Instrucción número 1 de Reus y con la cual solicita que se abra juicio oral por el caso de las facturas del Tecnoparc, una cuestión que el mismo juzgado también ha acordado con fecha del pasado 14 de febrero. El documento, al que ha tenido acceso el Diari Més, detalla para Cunillera, Gómez y Urgellès el pago de una indemnización de 81.273 euros a la sociedad de capital mixto Tecnoparc S. A. y para Cunillera, Bergadà y Gómez, 33.913 euros más, siempre a abonar de manera solidaria y conjunta que hay que añadir a las costas procesales.

El proceso tiene que ver con facturas cobradas presuntamente sin justificar por el expresidente de Tecnoparc S. A., Àngel Cunillera, y el exconcejal y exconsejero de la sociedad, Jordi Bergadà, por valor superior a los 114.000 euros. Para los dos, la Fiscal detalla delitos de continuidad de falsedad de documento mercantil en concurso medial con uno de malversación de fondos públicos, y pide la inhabilitación absoluta para cargos públicos durante diez años y nueve años y seis meses. En un caso denunciado por Ara Reus a principios del 2012, el Estado también pide la inhabilitación, por nueve años, del exgerente del Tecnoparc, Xavier Gómez, y por ocho años del empresario y exconsejero de la sociedad, Ramon Urgellès. El partido municipalista, a su vez, reclama penas de entre 3 y 9 de prisión para cada uno de los cuatro investigados, a quien acusa de presuntos delitos societario, de falsedad documental y de malversación de fondos públicos. El Juzgado de Instrucción número 1 de Reus ha fijado una fianza solidaria para cubrir la cantidad de 115.118 euros a Cunillera, Bergadà, Gómez y Urgellès.

Servicios «inexistentes»

En su auto de principios de febrero, el juez deja constancia de indicios racionales de criminalidad que se desprenden de las diligencias practicadas durante la fase de instrucción. Apunta que entre 2004 y 2008, Cunillera percibió de la sociedad Tecnoparc 81.273 euros de facturas por servicios «que no había prestado nunca e inexistentes», los cuales presentaba como asesoría técnica. También que Bergadà, en el mismo periodo y «de la misma manera», ingresó 33.578 euros del Tecnoparc en tres facturas. De las tres facturas emitidas, concreta el auto, no se presentó a la sociedad ningún documento acreditativo o justificativo de la realización de los trabajos recogidos como concepto en las mismas facturas. Señala Gómez como el responsable de la admisión de las facturas que no se justificaron y de la liberación del pago de las mismas y Urgellès como uno de los miembros del Consejo de Administración que firmó para facilitar el trámite. El órgano competente para el enjuiciamiento de todo sería el Audiencia provincial de Tarragona.

Entre las testificales que propone para el juicio oral Fiscalia hay más de una veintena de nombres en el marco de un listado que se complementa con la aportación de peritos e informes, y también con las peticiones de Ara Reus.