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El conseller delegat de Gas Natural Fenosa, Rafael Villaseca, en un moment de la intervenció parlamentària.

Villaseca reitera en el Parlamento que Gas Natural no tenía que comunicar el corte de luz a la abuela de Reus

El consejero delegado de Gas Natural Fenosa, Rafael Villaseca, en un momento de la intervención parlamentaria.

Villaseca reitera en el Parlament que Gas Natural no tenía que comunicar el corte de luz a la abuela de Reus

La mayoría de grupos reprochan al consejero delegado la falta de voluntad de la compañía de aplicar la Ley contra la pobreza energética

Actualizada 02/02/2017 a las 20:58

El consejero delegado de Gas Natural, Rafael Villaseca, ha reiterado ante la Comisión de Empresa y Conocimiento del Parlamento que la compañía no está obligada a comunicar con antelación en los ayuntamientos los cortes de suministro eléctrico por impago, tal como preveía la Ley contra la pobreza energética para evitar casos como el de la abuela que murió el pasado mes de noviembre en Reus. Villaseca ha vuelto a descargar responsabilidades hacia la Generalitat y hacia los servicios sociales reusenses por estos hechos. Entiende que el protocolo previsto dentro de la ley para que las empresas comuniquen previamente los cortes a los consistorios no ha sido aprobado y, por lo contrario, son los servicios sociales los responsables de advertir a la compañía de situaciones de vulnerabilidad. La mayoría de grupos del Parlamento, excepto PP y C's, han disuadido al consejero delegado de Gas Natural el incumplimiento de la ley así como la falta de sensibilidad social a la hora de abordar estos casos.

La norma obliga a las compañías a comunicar previamente a los servicios sociales los cortes de electricidad por impago. Al respecto, se apuntaba la necesidad de desarrollar un protocolo, que elaboró la Agencia Catalana del Consumo. Pero las eléctricas no lo reconocen, porque aseguran que no ha sido aprobado por la Generalitat a través de los canales reglamentarios. Después de que la patronal eléctrica –donde se incluye Gas Natural- lo intentara recurrir sin éxito, un juzgado de Barcelona lo dejó en suspense semanas después del caso de Reus a raíz de un nuevo recurso de Endesa. «Las cosas se tendrían que haber hecho de otra manera», ha asegurado Villaseca, reclamando una normativa «clara y obligatoria» sobre la necesidad de informar previamente a los servicios sociales para que determinen si los cortes de suministro afectan a personas o familias en situación de riesgo.

Ante lo que, consideran, la falta de un protocolo que sea actualmente de obligado cumplimiento, la empresa cree que son los ayuntamientos los que tienen que comunicarles estos casos. «Nos informan de clientes vulnerables y nos abstenemos de cortar la luz a la espera de que los servicios sociales atiendan la situación concreta», ha precisado. Y así, asegura, actuaron en el caso de Reus: sin informar a los servicios sociales. Es el sistema que venimos utilizando. Es lo que funciona en toda Europa», se ha escudado. Villaseca ha defendido la necesidad de colaborar con los serves sociales como «el único camino viable» para resolver estos problemas. Ha explicado que, por iniciativa propia, han concretado convenios de colaboración con los ayuntamientos para garantizar una cobertura de clientes vulnerables y mejorar el intercambio de información.

El pasado martes presentaron un plan –dotado con 4,5 millones de euros- para mejorar la coordinación y actuar ante estos casos. En el caso concreto de Reus, ha intentado también defender a este modelo concretando que, en colaboración con el Ayuntamiento de Reus, desde el año 2014 se ha actuado en 213 casos de clientes vulnerables, 134 este 2016. «A todos se les suministra energía», ha precisado. Pero dentro de esta estadística no figuraba la abuela de la calle Santa Anna. Y no era, según ha asegurado, porque los servicios sociales municipales no informaron de su situación, aunque ya se hacían cargo de asumir el recibo del agua.

Respuesta de los partidos
La intervención de Villaseca ha sido recibida con críticas por la mayoría de grupos parlamentarios. Desde Junts pel Sí, el diputado Jordi Monell ha recordado al responsable de Gas Natural que, la Ley contra la pobreza energética es lo suficientemente «clara y explícita» en el sentido de que las empresas tengan que pedir un informe a los servicios sociales municipales previo en el corte de suministro por impago. También desde el PSC, el diputado Jordi Terrades ha apuntado la necesidad de desarrollar un reglamento como figura de mayor rango legal que un protocolo, pero al mismo tiempo ha exigido a las eléctricas, por un «principio de prudencia», que consulten los servicios sociales antes de tomar medidas.

Más contundente se ha mostrado el diputado de Catalunya Sí Que Es Pot, Marc Vidal, quien ha calificado de «indigno» el comportamiento de las eléctricas y les ha reprochado las acusaciones al Gobierno. «Sólo ustedes son los responsables», ha lanzado Joan Garriga de la CUP, acusando a la empresa de incumplir la ley «desde una posición de privilegio» –la compañía de aguas había «avisado», ha recordado- y de cuestionar injustamente la tarea de los servicios sociales. «Es una vergüenza, porque al final son excusas para no cumplir una ley», ha declarado posteriormente la portavoz de la Alianza contra la Pobreza Energética, Maria Campuzano, recordando que la norma ya prescribe que las eléctricas tengan que consultar a los servicios sociales con antelación. «El protocolo se ha hecho, simplemente es una guía para ayudar a los ayuntamientos y las compañías para ver cómo se aplica la ley. Ha estado en funcionamiento quince meses, los ayuntamientos y las empresas saben cómo funciona. No hay ninguna excusa para cumplir la ley», ha añadido Campuzano, quien ha pedido una sanción para la compañía por falta de «voluntad» a la hora de cumplir la norma.

Únicamente los grupos de C's y PP se han mostrado comprensivos con los argumentos del consejero delegado de Gas Natural. La diputada de la formación naranja, Lorena Roldan, ha rechazado también la existencia de un protocolo de obligado cumplimiento y ha atribuido el caso a varios errores de comunicación entre el Ayuntamiento y la compañía. El diputado del PP, Sergio Santamaría, ha ido todavía más allá y ha atribuido la situación a la «falta coordinación» de las administraciones públicas, y especialmente la Generalitat, por no haber desarrollado un reglamento.
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