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Una imatge d'arxiu de treballadors de la neteja viària, realitzant feines al carrer Rocamora de Reus.

El estudio de la basura cifra el ahorro de municipalizar el servicio en 1,2 millones de euros

Una imagen de archivo de trabajadores de la limpieza vial, realizando trabajos en la calle Rocamora de Reus.

El estudio de la basura cifra el ahorro de municipalizar el servicio en 1,2 millones de euros

El gobierno rebaja a 400.000 euros la cantidad «sobre el terreno» y reitera el «no» a una internalización

Actualizada 27/12/2016 a las 21:13

Trasladar a la gestión municipal el servicio de limpieza viaria y recogida de la basura que el Ayuntamiento ofrece ahora a través de la empresa Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) supondría reducir en 1,2 millones de euros el año, y pasar de los 10,8 actuales hasta los 9,6 millones de euros, el gasto del consistorio en este capítulo, que se lleva la partida más elevada al presupuesto de la corporación. La cifra se desprende de las conclusiones del informe de viabilidad económica encargado por el gobierno a la consultora externa Iseti Consulting –que incluye consideraciones técnicas de la Secretaría y la Intervención municipales así como de otros de la Gerencia de Servicios Municipales, y que establece la comparativa con el ejercicio del 2015–, un documento que califica como «mayúsculo» el reto de la internalización de este ámbito en Reus.

Con el estudio encima de la mesa, el concejal de Hacienda, Joaquim Enrech, rebajaba ayer el ahorro hasta «unos 400.000 euros» al añadir a los cálculos «contingencias» como «el coste de la adaptación de los horarios de la plantilla de FCC a los de la Administración» y «el 21% del IVA asociado a la compra de combustibles o materiales necesarios para prestar el servicio». Enrech recordaba, en una comparecencia ante los medios después de dar a conocer el informe a los Grupos Municipales, las palabras del alcalde Carles Pellicer la semana pasada, donde aseguraba que el gobierno no tiene intención de municipalizar la basura y que la elaboración del informe únicamente «responde al cumplimiento del compromiso contraído con la CUP» en la negociación para la aprobación del presupuesto municipal del 2016.

El «no», tal como precisaba Enrech, viene dado en buena parte por las «complicaciones» del tráfico de la plantilla de FCC que atiende Reus, y que está integrada por 190 trabajadores, hacia la vinculación directa con el Ayuntamiento. Tal como concretaba el concejal, este impaso comportaría «pasar de las 1.820 horas que han firmado en FCC a las 1.726 que permite una empresa pública –que no podría gestionarlo mientras se aplique el Plan de Ajuste al Ayuntamiento– o a las 1.642 que fija la Administración». Y el cambio, un «incremento de los 5,8 millones de euros que cuesta la plantilla en FCC a una de 201 trabajadores y 6,2 millones en una empresa pública o de 211 trabajadores y 6,2 millones a la Administración». Como la Ley de Presupuestos del Estado 2016 limita los incrementos estructurales, «el servicio no sería ampliable». Se da la circunstancia de que, además, los empleados de la contratista pasarían a ser indefinidos no fijos y, el convenio por el cual se rigen ahora, «podría contemplar derechos no respetables para la Administración».

La «capacidad de mejora»
Enrech hacía referencia también a «la capacidad de mejora» que se ha detectado, a través del estudio, en «un servicio que ya es bueno por él mismo» y subrayaba que esta únicamente podría explotarse en su plenitud a través de mantenerlo externalizado, tal como se encuentra ahora. Entre los aspectos con espacio para crecer, enumeraba mejoras tecnológicas o la intervención de mano de obra en aspectos donde hasta ahora no se había contemplado.

La CUP analiza el informe
El alcalde Carles Pellicer, que estaba presente durante la comparecencia del concejal de Hacienda pero no intervino, había destacado la semana pasada que «considero que sería un gran error municipalizar el tema de la basura. Hacerlo, ni pasa por mis planes ni veo que fuera conveniente y, al final, los perjudicados serían los ciudadanos». La CUP, impulsora de una internalización fundamentada en este ahorro económico, está ahora en un proceso de análisis del informe y no se pronunciará hasta principios del mes de enero.
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