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El juez deja en manos de las acusaciones mantener abierto el caso contra la exconcejala Teresa Gomis

No le imputa ningún cargo por el presunto trato de favor a Bon Preu en la venta del solar que ocupa en el Tecnoparque
  • Redacció

Actualizada 27/07/2016 a las 10:37

El titular del juzgado de instrucción numero 3 de Reus, Diego Álvarez de Juan ha decidido levantar el secreto sobre las diligencias de la pieza separada número 13 del denominado caso Innova.

En esta pieza se investigaba un presunto trato de favor de la segunda teniente de alcalde del Ayuntamiento de Reus, Teresa Gomis (durante el mandato anterior), hacia el empresario Joan Font i Fabregó por la compra de los terrenos donde finalmente se instaló una superficie de la empresa Bon Preu, en la zona del Tecnoparc.

Finalmente el juez ha decidido no imputar ningún cargo en esta pieza contra los investigados y ha hecho que sean las acusaciones particulares (Ara Reus y la CUP) y el ministerio Fiscal quien decidan, por una parte, si quieren solicitar diligencias para que el caso sea instruido porque consideran que hay indicios de delito; o que se determine que la pieza separada en cuestión sea considerada como 'compleja', lo cual permitiría ampliar los plazos legales para hacer la instrucción. Las partes tienen hasta le 15 de septiembre para presentar su decisión sobre lo que les pide el juez.

Una instrucción 'penosa'
El juez se lamenta, en el acto en el cual expresa esta resolución dispositiva, de que el desarrollo de la instrucción de todo el caso está siendo «penoso» y no se priva de considerar que la macrocausa que lleva (la del caso Innova) «es muy costosa de asumir por cualquier juzgado... y más todavía si se trata de un juzgado como el de instrucción de Reus que sufre de carencias estructurales tan, tan graves que están condenados a sobrevivir dentro de un hundimiento insoportable (y, quizás infinito), mientras no se creen más juzgados».

De hecho, toda la introducción del acto del juez se dedica a justificar las repetidas ampliaciones de los plazos en que se ha mantenido el secreto de las diligencias, a pesar de los recursos presentados por la defensa para levantarlo. En este sentido lo justifica por la dimensión del caso y la necesidad de no poder levantar el secreto a una pieza separada mientras no se está seguro de que eso no afectaría a las diligencias de otras piezas separadas.

Sea como sea, las diligencias contra Teresa Gomis, tal como se establece en el auto, se basan en unos correos electrónicos entre el entonces concejala y el responsable de Bon Preu. En alguno de estos correos (12 de febrero de 2014), Gomis le dice al empresario que «después de nuestro encuentro los trámites se agilizaron», respecto del interés de Joan Font para adquirir unos terrenos por instalar una superficie comercial. Según el auto del juez, en noviembre del 2014, el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Reus, Miquel Domingo, le remitió un e-mail a Teresa Gomis en el cual habla de los solares disponibles y que mejor se adaptan a las necesidades de la empresa. Entre ellos, señala al juez, está el que finalmente se adquirió por subasta pública (en Tecnoparc). Joan Font (Bon Preu) añade el auto, adquirió el solar por un precio de 1.510.000 euros y, según se explicó la prensa en su momento y recuerda el juez, «10.000 euros más del precio mínimo establecido: 1,5 millones de euros».

En los terrenos adquiridos, la empresa acabó ubicando una gasolinera y un centro de distribución con un nuevo sistema de venta y recogida directa desde los coches de los clientes, con el nombre de Iquodrive, Precisamente este producto de Bon Preu ha sido parte de la investigación que ha afectado a la exconcejala Gomis. De acuerdo con las diligencias que explica el juez en el auto, hay un e-mail del 3 de marzo de 2015 en el cual Bon Preu le remite a Teresa Gomis una comunicación para 'implantar' (según el término que utiliza al juez), entre los profesionales y usuarios del hospital Sant Joan de Reus el producto (Iquodrive) en el centro público.

La respuesta de Gomis fue, según se indica «encontraréis la forma más adecuada de hacer la publicidad que tú propones». Esta respuesta, según el juez Diego Álvarez de Juan, suscita «presuntamente» un trato de favor hacia productos de la empresa Bon Preu en el ámbito del Ayuntamiento, en este caso, el Hospital.

Este trato de favor porque Iquodrive quería hacer publicidad en el Hospital, además de una denuncia anónima por posibles irregularidades en la tramitación de la subasta del solar (aunque el juez no hace más referencia a ello en las diligencias), hicieron que existieran indicios «suficientes» según el juez «para incoar una causa penal y para iniciar una investigación al respecto». Para el juez, la 'implantación' del servicio de Iquodrive en el hospital de Reus (aunque no acaba de delimitar que quiere decir el término implantación, en este caso) podría ser una contrapartida a las actuaciones de venta del solar.
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