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Andreu Viloca, extresorer de CDC, captat per les càmeres de televisió a la sortida de la comandància de la Guàrdia Civil de Tarragona.

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Andreu Viloca, extesorero de CDC, captado por las cámaras de televisión en la salida de la comandancia de la Guardia Civil de Tarragona.

El tesorero de CDC alega que no le consta ninguna entrada ilegal de dinero

Viloca, investigado por el caso del 3%, ha comparecido como testimonio en el juicio por la expoliación del Palau
  • EFE

Actualizada 11/04/2017 a las 14:36

El tesorero de CDC Andreu Viloca, que está investigado en el caso del 3%, ha afirmado hoy en el juicio por la expoliación del Palau de la Música que no conoce ningún tipo de entrada de dinero en el partido que no sea legal y ha justificado que la fundación afín pagara al partido por haberle prestado servicios.

Viloca, a quién la Fiscalía Anticorrupción sitúa en un papel clave en el supuesto cobro de comisiones en el caso del 3% que investiga un juzgado del Vendrell, ha comparecido hoy como testimonio en el juicio por la expoliación del Palau, aunque el tribunal le ha permitido no responder las preguntas que considerara que lo pudieran incriminar en el proceso que tiene abierto.

En el interrogatorio, en el cual el fiscal no le ha formulado ninguna pregunta, Viloca se ha negado a responder algunas de las cuestiones que le ha planteado el abogado Alex Solà, de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB), que era quien había solicitado su comparecencia.

El tesorero de CDC, que sucedió en el cargo Daniel Osàcar -que afronta una petición de siete años y medio en el juicio por el caso Palau-, ha recurrido varias veces a la falta de «memoria histórica» para entrar en detalles sobre la financiación del partido.

No obstante, ha sido rotundo al afirmar que no conoce ninguna entrada de dinero al partido procedente de particulares que no sea legal.

Viloca ha hecho esta defensa sobre la legalidad de los ingresos de CDC cuando el abogado de la FAVB le ha preguntado si le constaba que las federaciones locales de CDC comunicaran en la sede central del partido las aportaciones de particulares para financiar campañas, como ocurrió con el caso del saqueador confeso del Palau Fèlix Millet, que en el 2007 dio 13.000 euros al líder local de Convergencia en l'Ametlla del Vallès (Vallès Oriental), Esteve Escuer.

«Las que venían de forma legal y formal eran contabilizadas dentro de la contabilidad del partido, de forma legal. No conozco ninguna otra entrada de dinero que no fuera esta. Todo era oficial y se contabilizaba», ha insistido Viloca, que ha acudido al juicio acompañado por el responsable de servicios jurídicos de CDC, Francesc Sánchez.

Viloca, que fue responsable de finanzas de CDC y la Fundación Catdem entre el 2011 y en el 2016, cuando lo dejó después de ser detenido por el caso del 3%, también ha defendido, a preguntas de la FAVB, que la fundación Trias Fargas pagara sistemáticamente dinero a CDC a cambio de servicios administrativos.

Después de mostrarse inicialmente esquivo y alegar falta de «memoria histórica», el tesorero de CDC ha acabado admitiendo que la Fundación Trias Fargas -actual Catdem- pagaba a CDC, también durante su etapa como tesorero, por los gastos en «servicios administrativos» que prestaba el partido a la fundación, aunque ha negado que fuera por valor de un millón de euros anuales.

A preguntas de su propio abogado en el caso del 3%, Xavier Melero, que en el juicio sobre la expoliación del Palau defiende al extesorero de CDC Daniel Osàcar, Viloca ha afirmado que todos los pagos de la Trias Fargas a Convergencia por los servicios administrativo de apoyo y gerenciales constan en la documentación facilitada en el Tribunal de Cuentas, que nunca se ha opuesto a este sistema.

En el caso del 3%, en el cual llegó a ingresar unos días en la prisión hasta que CDC pagó en noviembre del 2015 la fianza de 250.000 euros que le impuso la Audiencia de Tarragona, Anticorrupción considera que Viloca jugaba un papel clave en el control del pago de comisiones de empresas por adjudicaciones de obra pública de administraciones en poder de Convergencia, en concursos que, a pesar de aparentar legalidad, se otorgaban previamente a medida.
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