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Imatge d'arxiu de la plaça de braus quan estava a ple rendiment.

El Ayuntamiento de Calafell, obligado a pagar más de 1,5 MEUR por una antigua plaza de toros

Imatge d'arxiu de la plaça de braus quan estava a ple rendiment.

Ajuntament de Calafell

Calafell pagará la sentencia de la antigua plaza de toros en tres anualidades

El acuerdo al cual se ha llegado con la actual propietaria del terreno supone «un alivio para las arcas municipales»
  • Redacció

Actualizada 11/04/2017 a las 09:43

El Ayuntamiento de Calafell podrá pagar en tres años la expropiación de la antigua plaza de toros del núcleo a Segur, fijada por una sentencia judicial. El consistorio ha llegado a este acuerdo con la sociedad Svaina, actual propietaria del terreno, el cual se plasmará en un convenio aprobado por la junta de gobierno local el pasado lunes.

El importe total suma 1.700.439,39 euros, que incluyen el principal, el IVA y los intereses generados. Este año se pagarán 947.148,60 euros, el siguiente 432.769,87 y en el 2019, 320.720,92. El hecho de que el Ayuntamiento pueda pagar la sentencia en tres anualidades supone «un alivio para las arcas municipales». De hecho, los presupuestos de este año se retrasaron cuando ya estaban cerrados para poder meter la partida.

La sentencia cierra un contencioso urbanístico sobre un terreno en Segur de Calafell, en la avenida de España, donde había existido una plaza de toros construida en el boom turístico de los años 60 y abandonada y en ruinas de hace décadas. Se trata de unos 6.000 metros cuadrados situados en el interior de la isla delimitada por la avenida de España y las calles Brasil, Pinar y Sant Rafael.

El conflicto tiene su origen en el plan general de urbanismo de 1989, que calificó el terreno de equipamiento, sin especificar si este era público o privado, cuando la propiedad era privada. Ya antes de la aprobación del POUM de 2011, los propietarios demandaron en el Ayuntamiento para entender que la calificación confundida de la finca no les permitía hacer un equipamiento privado (su intención era hacer una residencia geriátrica). Y nunca se llegó a un acuerdo para compensarlo con edificabilidad o alguna otra fórmula.

La decisión judicial fue considerar la finca como un terreno para equipamientos públicos y decretar una expropiación de facto , con la correspondiente indemnización a los propietarios, cuyo importe han fijado en la sentencia.
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