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El Supremo avala el cambio de usos que hizo el Ayuntamiento de Calafell en la finca de Cal Perotet

El litigio entre la empresa propietaria de los terrenos, Sunway, y el consistorio continúa por la vía penal

Actualizada 10/10/2016 a las 18:48

El Tribunal Supremo ha dictado que el cambio de usos que el Ayuntamiento de Calafell hizo en la finca de Cal Perotet fue correcta. En un comunicado, el consistorio ha anunciado que la sala contencioso-administrativa del TS ha avalado la aprobación del plan general, que autorizaba al Ayuntamiento a hacer un centro cívico en los terrenos de la empresa Sunway SL.

La sentencia culmina un proceso judicial iniciado en el 2011, cuando Sunway impugnó el POUM porque anteriormente ya había un convenio firmado para construir un centro comercial si se conservaba el edificio de la Masía Can Perotet. El permiso para hacer la obra no se llegó a desencallar y Sunway derribó la masía por peligro de hundimiento. Entonces el Ayuntamiento planificó el centro cívico, hecho que la compañía interpretó como una represalia. Aunque el contencioso administrativo queda resuelto, la empresa también denunció los hechos por la vía penal, acusando al ex alcalde Jordi Sánchez, el alcalde Ramon Ferré y el director de Urbanismo de prevaricación y falsedad documental. El caso está ahora pendiente de ir a juicio.

De esta manera, la Comisión territorial de Urbanismo «actuaron dentro de la ley, sin ninguna intención de represaliar o perjudicar a la empresa titular de los terrenos». Al mismo tiempo, el Ayuntamiento subraya que el TS «descarta que el consistorio buscara apropiarse de los terrenos de la finca de manera gratuita». Con respecto a la nueva calificación de los terrenos, el Ayuntamiento remarca que el Supremo se posiciona en la misma línea que lo había hecho el TSJC, aduciendo que el municipio tenía «necesidad de nuevos equipamientos públicos». Finalmente, en referencia a los terrenos compensatorios que recibió Sunway a raíz de la recalificación, se niega a que éstos fueran de menor valor y se descarta que hubiera perjuicio económico para la empresa.

La sentencia del Tribunal Supremo hacia la denuncia contencioso-administrativa es firme y definitiva, pero el litigio entre Sunway y el Ayuntamiento de Calafell continúa abierto por la vía penal. La compañía y la Fiscalía acusan al exalcalde Jordi Sánchez y el alcalde Ramon Ferré –anteriormente concejal de Urbanismo- y el director de Urbanismo de delitos de prevaricación y falsedad documental. La Fiscalía pide nueve años de inhabilitación para los tres acusados, y un año de suspensión para Ferré y el responsable de Urbanismo. Sobre esta cuestión, Ramon Ferré se ha mostrado sorprendido: «Es alucinante que un tribunal nos acuse de haber actuado mal, mientras otro sentencie que nuestra actuación fue correcta». «Es de locos», ha añadido, lamentando que el caso tenga que ir a juicio.
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