Diari Més

La Canonja dará ayudas a los jóvenes para pagar el alquiler

Las subvenciones se dirigen a personas de entre 18 y 34 años

Imagen del pleno celebrado ayer jueves 1 de febrero en el Ayuntamiento de la Canonja.

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El Ayuntamiento de la Canonja aprobó, en el pleno de ayer jueves 1 de febrero con la abstención de PDECAT-CiU y el voto favorable de PSC, CUP y PP, las bases reguladoras para la concesión de ayudas a personas jóvenes para el pago del alquiler. Las subvenciones se destinan a personas de entre 18 y 34 años en el momento de la firma del contrato del alquiler que hayan estado como mínimo 5 de los últimos 10 años empadronados en la canonja.

Los posibles beneficiarios tienen que ser titulares de un contrato de alquiler en el municipio firmado entre el 1 de enero y el 30 de noviembre del 2018 con una renta entre 200 y 600 euros mensuales y con una duración mínima de un año. No tienen que tener ningún piso en propiedad y los ingresos de la unidad de convivencia no tienen que superar el resultado de multiplicar por cuatro el indicador de renta de suficiencia de Cataluña (IRSC). La cuantía de la ayuda podrá variar en función de los ingresos y las circunstancias personales de los beneficiarios.

Unanimidad para instar a la Generalitat a hacer frente a la situación de emergencia social

Por otra parte, el pleno aprobó por unanimidad una moción para instar a la Generalitat de Catalunya a hacer frente a la situación de emergencia social. La moción pone de manifiesto «la necesidad urgente que las instituciones catalanas se pongan manos a la obra para empezar a desarrollar y hacer efectivas leyes y reglamentos, empezando por las suspendidas por el Tribunal Constitucional, con el fin de potenciar y materializar políticas públicas que mitiguen los estragos sociales que está produciendo la crisis económica que suframos desde 2008».

De esta manera se insta en el nuevo Gobierno de la Generalitat al despliegue efectivo de aquello contemplado en los artículos no anulados o suspendidos por el Tribunal Constitucional, a dotar los recursos necesarios para hacerlo y a estudiar la manera de llegar a acuerdos políticos para intentar recuperar buena parte de los derechos contenidos en los artículos suspendidos o anulados por el TC.

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