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Las consecuencias del 1-O
Imatge d'arxiu del delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo.

El delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, celebrará el día de la Constitución en Tarragona

Imagen de archivo del delegado del gobierno español en Cataluña, Enric Millo.

Montblanc declara persona non grata Enric Millo

También exige la retirada de los cuerpos policiales del Estado de Cataluña
  • Redacció

Actualizada 05/10/2017 a las 10:49

El Pleno del Ayuntamiento de Montblanc aprobó, el pasado miércoles 4 de octubre, una moción de la Associació de Municipis per la Independència (AME) y de la Associació Catalana de Municipis (ACM) para condenar la represión ejercida contra el pueblo de Cataluña el pasado día 1 de octubre. De los siete acuerdos que contiene la moción, los seis primeros fueron aprobados por unanimidad, mientras que el último contó con la abstención de la FIC.

En estos acuerdos tomados por unanimidad se decidió pedir la dimisión del delegado del gobierno de España en Cataluña, Enric Millo, como «uno de los principales responsables por la actuación violenta y desproporcionada de los cuerpos policiales españoles en muchos colegios electorales» y la declaró persona non grata al municipio. También se acordó exigir la retirada de la Guardia Civil y la Policía Nacional de toda Cataluña y y pedir que el gobierno del Estado asuma todas las responsabilidades por los daños personales y materiales consecuencia de la «brutal represión» que ejercieron estos cuerpos del Estado.

Por otra parte, se acordó condenar «de forma energética, alta y clara toda la violencia injustificada generada por el Estado español»; dar apoyo a las más de 900 personas heridas durante
las cargas policiales del día 1 de octubre en Cataluña; reconocer «la actitud, valentía y el comportamiento cívico y pacífico» de las más de 2 millones de personas que votaron y pidieron la mediación y el apoyo de las instituciones europeas y de la comunidad internacional.

En el último punto de la moción, que tuvo la abstención de la FIC, se quiere dejar constancia que los municipios catalanes y sus cargos electos estarán al lado de aquello que decidan las instituciones catalanas, el Gobierno catalán y el Parlament de Catalunya.
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