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Al centre, l'alcalde de Calafell, Ramon Ferré, abstenint-se durant la votació sobre la cessió d'espais pel referèndum de l'1-O.

Calafell sólo cederá sus locales para el 1-O si el referéndum es legal

Al centre, l'alcalde de Calafell, Ramon Ferré, abstenint-se durant la votació sobre la cessió d'espais pel referèndum de l'1-O.

Calafell sólo cederá sus locales para el 1-O si el referéndum es legal

El alcalde, Ramon Ferré (PSC) responde a Puigdemont i Junqueras subrayando que «no quiere poner en peligro la institución, a los funcionarios o a los cargos electos»

Actualizada 12/09/2017 a las 12:12

El alcalde de Calafell, Ramon Ferré (PSC), ha contestado a la carta del presidente de la Generalitat Carles Puigdemont y el vicepresidente Oriol Junqueras hacia el uso de los locales municipales como colegios electorales para el referéndum señalando que están disponibles «en caso de que fueran necesarios». Con todo, el alcalde, que gobierna en minoría con Unión Alternativa Municipal (UAM) y el PP, condiciona su uso a «legalidad» de la convocatoria, ya que «no quiere poner en peligro la institución, los funcionarios o los cargos electos».

Así lo recoge la carta, según el comunicado que ha hecho público al Ayuntamiento de Calafell, donde subraya que «no «corresponde» al consistorio «decidir sobre la legalidad o no del referéndum».

Ramon Ferré recuerda que el pasado 3 de julio el Pleno municipal aprobó la cesión de espacios municipales para la celebración de la consulta vinculando con los votos de CiU, CUP, UAM, ERC y el concejal no adscrito. «A fecha de hoy, los locales de votación habituales no tienen ninguna actividad programada para el 1 de octubre», expone Ferré a la carta enviada a Generalitat, asegurando que se podrán utilizar «en caso de que fueran necesarios».

En aquel Pleno, el PSC se abstuvo esgrimiendo que no tenía suficiente información oficial sobre la celebración del referéndum. Durante la votación, el alcalde aseguró que no tendría «ningún inconveniente» a ceder los locales si los lo pedía un organismo «oficial» y se garantizaba que no se comprometía ni a los funcionarios ni a los trabajadores públicos.
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