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Veïns de Vilallonga denuncien l'Ajuntament davant d'antifrau

Vecinos de Vilallonga denuncian el Ayuntamiento ante antifraude

Imagen de archivo de la casa cuando se estaba construyendo, el agosto pasado.

Investigan al alcalde de Vilallonga por un presunto delito urbanístico

Un juzgado de Valls abre diligencias contra Valera, su mujer y tres personas más por tráfico de influencias e irregularidades administrativas en una licencia de obras
  • Redacció

Actualizada 25/04/2017 a las 18:53

La denuncia de un grupo de vecinos de Vilallonga contra el consistorio por las presuntas irregularidades en la adjudicación de una licencia urbanística en el pasaje Font de l'Astor ha llegado, finalmente, ante la justicia.

La titular de juzgado de Instrucción número 3 de Valls ha decidido abrir diligencias previas y práctica de diligencias atendiendo a la información que le había enviado la fiscalía provincial de Tarragona. En el decreto enviado al juzgado vallense, la fiscalía considera que existen indicios de un presunto delito de tráfico de influencias, falsedad en documento público, prevaricación administrativa en el Ayuntamiento de Vilallonga, así como «usurpación de funciones públicas e intrusismo», realizados por Ignasi Valera i Cabré, Francesc Xavier Julià Torné, Mercè Roures Folch, Josep Maria Mercadé Haro y un técnico municipal, que redactó un informe técnico, del cual la jueza de Valls ya ha reclamado saber la identidad.

Todos ellos han estta citados a declarar a los juzgados de Valls en calidad de investigados el próximo mes de mayo.

Aparte de reclamar el nombre del autor del informe, el juzgado también ha reclamado recibir el expediente urbanístico de Obras Mayores completo donde está integrado este informe. El expediente se refiere a la construcción de una vivienda unifamiliar, ya finalizada, en el Pasaje de la Font de l'Astor.

Denuncia vecinal
El caso se remonta en el mes de agosto del año pasado, cuando un grupo de vecinos del municipio decidió presentar a la fiscalía, y previamente delante de la Oficina Antifraude de Cataluña, lo que ellos consideraban como el incumplimiento del plan urbanístico municipal por la construcción y el otorgamiento de la licencia de obras al propietario de la vivienda. En este caso se trata de Josep Maria Mercadé Haro, que formó parte de la lista de ERC a las últimas elecciones municipales en Vilallonga.

Según la denuncia realizada entonces por los vecinos, la vivienda no cumple con la tipología de la zona (donde se preveían, según decían, sólo casas adosadas), ni con la alineación del resto de viviendas. Al mismo tiempo también afirmaban que está ocupando más espacio de lo que le correspondía de acuerdo con los planos presentados.

Pero no tan sólo se trataba, según los vecinos, de infracciones en las obras, sino que también denunciaron irregularidades administrativas en la concesión de la licencia. En el escrito presentado en la fiscalía se especulaba con una posible situación de tráfico de influencias, y lo justificaban en el hecho de que el arquitecto que había redactado el proyecto de la vivienda era Xavier Julià, concejal y teniente alcalde de seguridad y civismo. Además, el arquitecto técnico del proyecto era la mujer del alcalde, Mercè Roures. Estas circunstancias, junto con el hecho de que la licencia para la construcción de la vivienda se otorgó en 48 horas y que se hiciera de acuerdo con un informe técnico que no identificaba al autor, hicieron que los vecinos decidieran presentar la denuncia.

En el momento de anunciarse la presentación de la denuncia, el alcalde, Ignasi Valera, aseguró que la obra cumplía con el plan urbanístico municipal y que el concejal que había redactado el proyecto no tenía ninguna competencia urbanística, aparte de destacar el hecho de que en Vilallonga no hay muchos arquitectos. El alcalde recordó la existencia de un informe técnico favorable y puntualizaba algunas de las irregularidades denunciadas. Según el máximo responsable municipal en la calle existen otras viviendas unifamiliares y que la falta de alineación con el resto de viviendas estaba hecho expresamente para evitar sensación de tubo en la calle.

Ahora será la justicia la que dirimirá si estas circunstancias son constitutivas de delito, como afirman los vecinos denunciantes y considera también la fiscalía, o bien se encuentran dentro de los parámetros urbanísticos ilegales que establece el Plan Urbanístico del municipio, como defiende el Ayuntamiento.
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