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Un dels establiments, de Barcelona, que han estat regsitrats per ordre de l'Agència Tributària.

Hisenda también busca el dinero del negocio del sexo

Un dels establiments, de Barcelona, que han estat regsitrats per ordre de l'Agència Tributària.

Hisenda también busca el dinero del negocio del sexo

La Agencia Tributaria ordena una operación en una quinzena de prostíbulos, algunos de ellos de Tarragona, para detectar fraudes a clientes

Actualizada 31/03/2017 a las 13:24

La Agencia Tributaria inició a última hora de este jueves por la noche una operación en una quincena de prostíbulos de Cataluña -concretamente en Barcelona, Tarragona y Gerona, contra el fraude a Hacienda, según ha publicado ‘El Pais’ y han confirmado al ACN fuentes próximas a la investigación. En la operación, de ámbito estatal y que en Cataluña ha contado con la colaboración de los Mossos d'Esquadra, no se han producido detenciones, aunque se priva a la espera de analizar la documentación intervenida. En la capital catalana, los inspectores han entrado en algunos locales de Sarrià-Sant Gervasi. Según ‘El País’, los inspectores de la Agencia Tributaria han entrado en los locales en busca de dinero en efectivo y de los terminales de cobro con tarjeta con el objetivo de detectar fraudes. La Agencia Tributaria sospechan que los establecimientos podrían haber estafado a algunos clientes o facturaran importes a terceras sociedades.

Uno de los locales inspeccionados es el Pussy Cat, según el rotativo, que se encuentra en la parte alta de Barcelona y del cual hace dos años se detuvieron diez de sus trabajadores –nueve prostitutas y el propietario- acusados de robar clientes después de introducirlos drogas en la bebida.

Una vez se encontraban bajo los efectos de sustancias estupefacientes, los implicados aprovechaban para sustraer el dinero en efectivo que los clientes llevaban encima además de cogerles tarjetas de crédito y cargar importes fraudulentos con un datáfono, según explicaron entonces fuentes policiales.

Los beneficios que sacaban se los repartían entre los propietarios del local, las trabajadoras, la empresa de datáfonos contratada y la persona que se encargaba de hacer los cobros. El local recibió varias denuncias por estos hechos. La cifra sustraída más alta es de 4.500 euros, a otra más de 3.000 y alguna otra en torno a 1.000 euros.
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