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Imatge de l'entrada de la Cooperativa de La Canonja.

El Ayuntamiento de La Canonja ofrece 1,2 millones a la Cooperativa

Imagen de la entrada de la Cooperativa de La Canonja.

El Ayuntamiento de La Canonja ofrece 1,2 millones a la Cooperativa

Los afectados aplauden la decisión y piden poder intervenir en el proceso

Actualizada 18/03/2017 a las 18:57

La Cooperativa de La Canonja tiene una oferta sobre la mesa por parte del ayuntamiento, que ofrece cerca de 1,2 millones de euros para comprar mobiliario que forma parte del patrimonio de más de 3 millones que tiene la Cooperativa. Esta cantidad, sumada a los 250.000 euros que recibiría de la venta de maquinaria, permitiría devolver el 80% del dinero a los afectados en un plazo de entre dos y tres meses. Actualmente, la Cooperativa cuenta con una liquidez de poco más de 243.400 euros y debe unos 2.900.000 a los socios.

La decisión del ayuntamiento de invertir en la Cooperativa ha sido muy bien recibida por los afectados. Pep Torrents remarca la importancia de esta maniobra, a pesar de que sea la única propuesta puesta sobre la mesa, y destaca «el agradecimiento que tenemos para esta actuación del consistorio». Según Torrentes, uno de los afectados por la quiebra de la Cooperativa de La Canonja, «los afectados tenemos que ir de la mano del ayuntamiento» ya que es la única solución viable sobre la cual «no obstaculizaremos».

A pesar de ser la única propuesta, hace falta que los socios la ratifiquen a fin de que se lleve a cabo. De ser así, se podrían cumplir los plazos anunciados por el Presidente del Consejo Rector de la Cooperativa, Josep Maria Veciana, de «devolver el 80% de los ahorros en dos meses» y el 20% restante se recuperaría «un 10% antes de acabar el año y el otro 10% en tres o cuatro años máximo». Aun así, según Pep Torrents, los afectados creen que «son unos números un poco optimistas y tendrán dificultades para poder conseguirlo».

Los afectados piden intervenir
El buen recibimiento de la propuesta se tendría que traducir en una aceptación a fin de que se iniciara el proceso. Por eso se necesita alguien que avale la viabilidad de esta operación y controle el correcto devenir. «El alcalde anunció que pondría a un interventor», explica Pep Torrents, que también defiende la idea de los afectados de poder decir la suya. Por eso piden «un paso al lado» de la actual junta gestora y la creación de una comisión en la que «tanto los impositores como los campesinos y afectados podamos escoger dos personas que supervisen el proceso». Así, tal como explica Torrents, se puede tener una mejor constancia del trabajo realizado ya que, trabajando en equipo, se podrían evitar errores de cálculos y operaciones que pusieran en peligro la salvación de la Cooperativa.
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