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Centè tall a l'N-340 per reivindicar la gratuïtat de l'AP-7

Centésimo corte en la N-340 para reivindicar la gratuidad de la AP-7

Imagen de archivo de un acto de reivindicación para una AP-7 gratuita en l'Ametlla de Mar.

La propuesta para descongestionar la N-340 satisface a medias a los alcaldes y choca con la oposición de transportistas y vecinos

Los ayuntamientos no renuncian a una solución definitiva cuando finalice la concesión del AP7 mientras que los contrarios siguen exigiendo la gratuidad inmediata

Actualizada 15/02/2017 a las 16:00

Satisfacción a medias entre los alcaldes de los municipios afectados por la N-340 a su paso por las Tierras del Ebro y el Penedès después de que el ACN haya revelado la propuesta del Gobierno para descongestionar el tráfico de esta vía obligando a desviar los camiones por la AP-7 además de hacer gratuito el tráfico interno de los residentes por la misma autopista. Los ayuntamientos valoran como un paso adelante respecto de la situación actual la propuesta que el Gobierno ha trasladado al Ministerio de Fomento, pero al mismo tiempo apuntan que todavía se tienen que perfilar los detalles y que la solución definitiva al problema de saturación viaria de la N-340 se tendrá que concretar una vez finalice la concesión de la autopista AP-7, el próximo 2019. Por el contrario, tanto los transportistas como las entidades vecinales que exigen soluciones al problema viario del territorio rechazan el planteamiento de Territorio y Sostenibilidad y reclaman, una vez más, la gratuidad total de la autopista.

El alcalde de Tortosa y diputado en el Congreso, Ferran Bel (PDeCAT), ha asegurado que si el Ministerio de Fomento acepta la propuesta que la Generalitat ha puesto sobre la mesa se daría cumplimiento a las mociones políticas que los ayuntamientos ebrenses han aprobado en los últimos meses. «Ante la imposibilidad de no tener la gratuidad absoluta del AP-7, sería una muy buena solución», ha valorado. Bel ha emfatizado la importancia que la solución a la congestión y siniestralidad de la N-340 no sólo suponga sacar los camiones de la carretera, sino que había que bonificar a los vecinos del Ebro y el norte de la demarcación de Tarragona. «Se nos ha perjudicado gravemente después de retrasos acumulados de una infraestructura, la A-7, que tendría que estar hecha hace años. Es de recibo que con los sistemas de precaución que haga falta para que nadie haga trampa se bonifique al 100% el uso de la autopista para la gente del Ebro y del Penedès», ha añadido.

A la espera de la respuesta de Fomento, Bel ha querido dejar claro que esta propuesta que el Gobierno pone ahora sobre la mesa es «provisional» hasta que el año 2019 se acabe la concesión actual de la AP-7 y se estudie qué hacer con la vía de pago. Además, ha asegurado que la implementación de esta medida no tiene que suponer la renuncia a que Fomento continúe la autovía A-7 en los tramos que está pendiente, como es el caso de las Tierras del Ebro.

El alcalde de Amposta, Adam Tomàs (ERC), considera la propuesta de la Generalitat una medida «intermedia», entre la situación actual y el objetivo «último» del consistorio: «tener una vía segura, rápida y gratuita en las Tierras del Ebro». En este sentido, a pesar de valorar positivamente la propuesta planteada como posibilista en el contexto actual, remarca abiertamente que esta «no es la mejor solución» porque las Tierras del Ebro siguen sin disponer de esta infraestructura de libre acceso. Un hecho que, aduce, sitúa el territorio en situación de desventaja respecto de otras zonas del país.

El levantamiento de las barreras de peaje de lo AP-7 sigue siendo, según apunta, la principal demanda que seguirá reivindicando el consistorio. Una cuestión, recuerda, que se tendrá que resolver de forma definitiva a partir de 2019, cuando finaliza la concesión de la autopista, que según ha anunciado el gobierno español no será renovada. De momento, y sobre la propuesta que la Generalitat ha puesto sobre la mesa de Fomento, Tomàs entiende que tiene que ser el mismo gobierno español quien asuma exclusivamente el coste de implementar estas medidas. Recuerda que era su responsabilidad ejecutar los tramos que todavía continúan pendientes del A-7 y no puede pasar la pelota en el territorio. «Quien al final tiene que pagar la fiesta tiene que ser el Estado español: no puede cargar sobre los alcaldes y Generalitat la alta siniestralidad de la N-340. No se vale a decir que si pasa alguna cosa será culpa nuestra porque no hemos aceptado este pacto. No. Será del Estado porque no hizo las inversiones cuando las tenía que hacer», concluye.

Desde el Penedès, se muestran más prudentes a la hora de valorar la propuesta que el Gobierno habría puesto sobre la mesa de Madrid, pero lo ven como un buen inicio. Uno de los interlocutores de las reivindicaciones del norte de la demarcación, el alcalde del Vendrell, Martí Carnicer (PSC), ha celebrado que haya una primera propuesta para empezar a negociar. «Espero que avance y se pueda ir modulando, que la podamos revisar y complementarla, y ver los efectos», ha apuntado. Carnicer ha asegurado que hace falta ver qué limitaciones tiene y abordar «las cuestiones» que haya que resolver, como por ejemplo, la movilidad de los turistas a los cuales se tiene que garantizar «un buen servicio y mucho cuidado».

Transportistas y vecinos quieren la gratuidad total

A quien no ha satisfecho la propuesta planteada por la Generalitat es al colectivo de transportistas, a quien se obligaría a desviarse hacia el AP-7 en estos tramos de la N-340. El director de la Federación Empresarial Autotrasnport de Tarragona (FEAT), Josep Lluís Aymat, ha insistido en que «la única solución correcta» es «la gratuidad del AP-7». «La gente tiene derecho a una movilidad correcta», ha exigido. Como ya han hecho hasta ahora en varias ocasiones, junto con los vecinos, Aymat ha advertido que los transportistas volverán a movilizarse si finalmente se prohíbe el paso de los camiones por la N-340 y se aplica el modelo gerundense de bonificaciones al transporte pesado. La intención de la Administración es esta y lo sabemos. Por eso hemos hecho protestas y, conjuntamente con alcaldes y vecinos, hemos manifestado nuestra protesta por la prohibición», ha recordado al representante de los transportistas en la demarcación.

La FEAT esperará que la Generalitat les notifique si esta es la medida que se decide aplicar, y reunirá sus órganos de dirección para decidir las medidas a emprender. «Por una cuestión de principios, no puede gustar que se le prohíban el uso de una carretera a un transportista, no es un plato de buen gusto», ha lamentado Aymat.

«Es una solución que beneficia la empresa concesionaria -Abertis-, la potencia económicamente y le hace ganar más dinero. Ya es suficiente». Así de contundente se ha mostrado el presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Amposta, Llorenç Navarro. El movimiento vecinal, que acumula ya 137 jornadas –con la prevista este jueves por la tarde- cortando la carretera N-340 por diferentes puntos a la altura de las Tierras del Ebro reclamando la gratuidad total e inminente del AP-7, rechaza de lleno las medidas planteadas por la Generalitat.

Recuerdan que ya las puso sobre la mesa el exconseller de Territori, Santi Vila. «La Generalitat siempre ha luchado por conseguir lo mismo que en Gerona, que los camiones se desvíen por la autopista para que hagan caja». Recurre a las cifras para fundamentar su argumentación: «el movimiento de tráfico de camiones había bajado mucho a la autopista el año 2013 por Gerona. Con la obligatoriedad de desviar el tráfico consiguieron que 10.800 camiones pasen diariamente por la autopista de pago. Es la mitad, pero ya lo han amortizado 150 veces», observación. En el caso de las Tierras del Ebro, cifra el tráfico de camiones diarios por la AP-7 en 3.500. «Quieren asegurar a estos clientes», sostiene.

Para los vecinos que lideran las protestas en la carretera, pues, la autopista tendría que ser ya gratuita desde hace «mucho tiempo». No sólo para los residentes del territorio. Entienden que, a pesar de las bonificaciones para los transportistas para desviarse obligatoriamente por la AP-7, el sector tendrá que repercutir el incremento de precios sobre sus servicios. «Se quieren cargar las empresas de transporte de autónomos, con uno o dos vehículos, porque no podrán competir. Si los camiones van por la autopista, aunque sea a la mitad precio, tendrán» que «pagar», recuerda. El movimiento vecinal desconfía también de las alternativas planteadas años atrás –«fuera promesas d'autovies»- y alerta que, una vez implementadas, las medidas servirán para acabar justificando definitivamente la conversión de la N-340 en una carretera difícilmente funcional: cargada de rotondas –once en total previstos-, con doble línea continua y velocidad limitada a 80 km/h.
 
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