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El alcalde de Creixell niega irregularidades en la adjudicación de la gestión del jardín de infancia municipal

El alcalde se acoge a su derecho de no declarar a la comisaría de los Mossos d'Esquadra

Actualizada 15/09/2016 a las 23:57

El alcalde de Creixell, Jordi Llopart (PDC), ha negado este miércoles las acusaciones de presuntas irregularidades en la adjudicación, el año 2012, de la gestión del jardín de infancia municipal Estel de Mar.

A la salida de la comisaría de los Mossos d'Esquadra de Campclar, donde ha comparecido en calidad de investigado, el alcalde ha explicado que se ha acogido a su derecho de no declarar dado que el caso se encuentra bajo secreto de sumario.

A pesar de todo, Llopart ha defendido que no ha habido ningún enriquecimiento en la concesión y que no se plantea dimitir. La investigación parte de una denuncia efectuada por el grupo municipal del Partit Popular a finales del 2014. El juzgado de instrucción número 2 del Vendrell mantiene abierta una investigación por presunta prevaricación administrativa y este miércoles los Mossos han entregado citaciones al alcalde y a seis personas más para que comparezcan a declarar en sede policial.

Además de Llopart, el resto de acusados son los concejales Montserrat Muñoz (PSC) y Josep Brugarola (ERC) -que formaban parte del equipo de gobierno en el 2012; el secretario municipal, Josep Maria Piqué; Beatriz Bravo Trasserra, concejala de ERC desde junio del 2015 y exadministradora de la empresa que se adjudicó la concesión; Horacio Rodríguez, actual administrador de Privilege Class, y una técnica que ejerció de perito en la mesa de contratación.

Los siete están siendo investigados por el Área de Investigación Criminal de los Mossos d'Esquadra por los presuntos delitos de malversación impropia, administración desleal, apropiación indebida, falsedad documental, estafa y fraude a las subvenciones, según fuentes jurídicas.

El alcalde de Creixell ha explicado que la adjudicación indirecta de la gestión del jardín de infancia se acordó en el 2012 como consecuencia del plan de ajuste que obligaba a los consistorios a enjugar su déficit. Aquel año, el ayuntamiento tenía una deuda de 11 MEUR, de los cuales 7 MEUR eran dinero pendiente de pagar a los proveedores. Delante de este escenario, el consistorio convocó un concurso público para el jardín de infancia en el cual participaron varias empresas como Eulen, Baobab y Privilege Class, resultando esta última la adjudicataria.

El alcalde ha defendido que la sociedad Privilege Class siguió los trámites habituales del concurso público, como el resto, y presentó su proyecto educativo para el centro, de titularidad pública, adjudicándose la gestión. Llopart ha apuntado que el concurso no analizaba una valoración económica, sino en base al proyecto pedagógico, y ha afirmado que «por parte del Ayuntamiento no conocíamos absolutamente a nadie de las personas que se presentaron».

Inicialmente, el concurso público preveía una concesión de dos años, pero en el 2014 se prorrogó a favor de la misma empresa por un periodo de cinco años, hasta el curso 2018-2019. La empresa adjudicataria se ha encargado de la gestión económica del centro, que es deficitario y «una ruina», según su administrador, Horacio Rodríguez. El responsable del centro ha explicado que apostaron por el proyecto porque preveían 45 niños matriculados, pero ha lamentado que en el 2012 tuvieron una veintena de alumnos y, este curso, una treintena. Por este motivo, la sociedad que gestiona el jardín de infancia acumula unas pérdidas de 240.000 euros en los últimos cinco años, según su versión.

«La empresa sólo ha hecho que perder dinero y mi cliente está en situación de ruina», ha explicado Anton Verdeny, abogado del administrador. Según el empresario, el Ayuntamiento se comprometió en el pliego de condiciones a asumir el 50% de las eventuales pérdidas de la guardería, pero no lo ha cumplido, por|para lo cual ha llevado al consistorio al juzgado contencioso administrativo.

Por su parte, el Ayuntamiento denunció en junio varios incumplimientos por parte de Privilege Class y amenazó con rescindir la concesión y con cerrar el centro. Según el consistorio, la empresa no había presentado la documentación requerida para poder conseguir las subvenciones de la Diputación correspondientes a los jardines de infancia por|para los ejercicios 2012, 2013 y 2014, convirtiendo la situación del centro en «insostenible».

Finalmente, sin embargo, a finales de curso ambas partes llegaron a un acuerdo y, a pesar del estallido del proceso judicial, este miércoles la empresa ha mostrado la voluntad de mantener abierto el jardín de infancia. El alcalde Jordi Llopart ha manifestado que las acusaciones de presunta prevaricación «son mentira» y «no tienen ningún fondo de verdad», y ha opinado que el motivo de la denuncia podría haber sido la prórroga de la concesión por cinco años más a la empresa, aunque el centro estaba en «una situación difícil».

El alcalde ha recordado que los padres pidieron al Ayuntamiento que «saliera adelante y que diera apoyo», y ha negado que haya ningún «chiringuito» ni enriquecimiento «por parte de nadie». Igualmente, el administrador de la sociedad ha negado también las acusaciones y ha insistido en que está prácticamente arruinado.

Una concejala de ERC estuvo vinculada a la sociedad
Los administradores de Privilege Class cuando la empresa participó en el concurso eran Horacio Rodríguez y quien entonces era su pareja, Beatriz Bravo Trasserra, quien posteriormente se desvinculó para contribuir como cabeza de lista por ERC a las elecciones municipales del 2015, según fuentes de la empresa. Se da el caso de que Trasserra formó parte del gobierno municipal liderado por CiU durante cuatro meses, ya que salió en octubre del 2015 junto con el otro concejal de ERC, Josep Brugarola, aduciendo «incumplimientos del pacto» por parte de la antigua CiU. Actualmente, Llopart (PDC) gobierna en minoría en Creixell con acuerdos puntuales con la Federación de Independientes de Cataluña (FIC).
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