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Progrès Selvatà readmite por sentencia judicial a un trabajador

El sindicato CGT denuncia que la empresa municipal alegaba pérdidas económicas, pero al mismo tiempo le da permiso retribuido y contrata a otro trabajador para ocupar su sitio
  • Redacció

Actualizada 30/07/2016 a las 16:44

El trabajador fue despedido por la empresa de la Selva de Camo Progrès Selvatà SLM (PROSEL) el 13 de noviembre alegando pérdidas económicas aunque el Juzgado de lo Social 1 de Reus declaró la nulidad del despido y su readmisión. La empresa le ha dado permiso retribuido mientras le sigue pagando el sueldo y mantiene contratado a otro trabajador realizando su trabajo.

El pasado septiembre, el trabajador Rafael Ariza, de 48 años de edad y afiliado a la CGT, después de hacer una reclamación a la empresa en materia de seguridad y salud que no fue contestada, interpuso una denuncia ante Inspección de Trabajo contra Progrès Selvatà SLM- a fin de que se mejorara la instalación eléctrica, se facilitara a los trabajadores los EPIS y se tomaran medidas en relación a la higiene, la ventilación y la reducción de ruido, entre otros. También denunció, e incluso interpuso una demanda judicial, porque la empresa le había comunicado sus vacaciones un día antes y no con la antelación mínima de dos meses que establece el Estatuto de los Trabajadores.

Un mes después, un asesor externo a PROSEL y el Secretario del Ayuntamiento de la Selva del Camp asistieron a la Inspección de trabajo para tratar esta cuestión. Sólo 15 días después de esta visita, al trabajador se le notificó su despido objetivo con efectos del mismo día. Concretamente, la carta expone que durante el ejercicio 2015 se había producido un déficit presupuestario de 28.173,11 € y se argumenta que su puesto de trabajo como personal de mantenimiento de la piscina y el pabellón quedaría amortizado y sería externalizado a otra empresa. En aquel momento se le abonó la indemnización y el importe correspondiente a la falta de preaviso.

Ariza impugnó el despido, a través de los servicios jurídicos de la CGT, y aunque la empresa ofreció pagarle la indemnización por despido improcedente, celebró el juicio para acreditar que su despido es una represalia por haber denunciado varias infracciones laborales ante la Inspección de Trabajo.

El Juzgado de lo Social le dio la razón entendiendo que su despido vulneraba su garantía de indemnidad y obligando a la empresa a readmitirlo. Además, la sentencia entendía que las causas económicas no existían teniendo en cuenta que pocos meses antes PROSEL había contratado a dos trabajadores, uno de ellos, Manuel Trujillo -hermano del ex concejal del Ayuntamiento de la Selva del Camp, Francisco Trujillo- para sustituir al denunciante realizando su mismo horario y tareas.

PROSEL ha impugnado la mencionada sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y, según denuncia la CGT, le ha dado a Ariza un documento comunicándole permiso retribuido hasta que el TSJC dicte la sentencia al respecto. Mientras tanto, afirma el sindicato, la empresa municipal sigue teniendo contratado el hermano del ex concejal con el sueldo correspondiente.
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