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La Secció de Crèdit de la Cooperativa de Cambrils

La Sección de Crédito de la Cooperativa de Cambrils

Imagen de archivo de las oficinas de la sección de Crédito de la Cooperativa de Cambrils.

Las cooperativas contrarias al fondo obligatorio de rescate recurren el decreto

Aun así, la norma es vigente y no tiene que afectar a los fondos que espera la Cooperativa de Cambrils

Actualizada 08/07/2016 a las 18:15

La Plataforma de Cooperatives Antifons Obligatori han presentado un recurso contra el Decreto Ley 2/2016 del 17 de mayo que regula el funcionamiento de las secciones de crédito de las cooperativas y que tiene como objetivo la creación de un fondo para liquidar las secciones de crédito y salvar las entidades con problemas financieros, como los de la Cooperativa de Cambrils. Las organizaciones contrarias a este fondo –la mayoría de las cuales de Lleida, pero también de Tarragona– han recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) el decreto aprobado por el Gobierno de la Generalitat en un intento por frenar esta norma que los obliga a aportar un 3% de su pasivo, bajo amenaza de quedar disueltas si no lo hacen.

Aunque el TSJC ha admitido a trámite el recurso, según fuentes consultadas del departamento de Economía, el decreto continúa vigente. De hecho, entró en vigor el pasado 1 de junio. Sin embargo esta medida tomada por las cooperativas que se han alzado en rebeldía contra la decisión del Gobierno catalán no afectará, a priori, a los plazos para recuperar al 40% de sus ahorros retenidos de los afectados por la quiebra de la sección de crédito de la Cooperativa de Cambrils.

Las cooperativas que componen la Plataforma Antifons Obligatori no han pagado la aportación que les reclama el Gobierno a partir del decreto –que está en vías de convertirse en un proyecto de ley– porque consideran que la medida acabará hundiendo el sector. Sin embargo, estas entidades se oponen en qué sea la Associació de Seccions de Crèdit la que gestione este nuevo fondo porque, consideran, no ofrece garantías. Por el contrario, proponen que sea la Generalitat de Catalunya o el Institut Català de Finances los que lo hagan.
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