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El juez condena en el Ayuntamiento de Salou a pagar a la empresa que hizo «los cuentos de la abuela»

Las sentencias dejan sin efecto el decreto del Alcalde Granados que decidió no convalidar los contratos que se habían formalizado en su día
  • Redacció

Actualizada 30/03/2016 a las 20:54

El año 2013 desde la concejalía de acción social del Ayuntamiento de Salou, que presidía al concejal del PP Pedro Lavilla, se contrataron los servicios de una empresa a efectos de editar 2000 libros que bajo el título «los cuentos de la abuela» tenían como objetivo mejorar la autoestima de los más pequeños del municipio.
Esta contratación fue utilizada por los socios de gobierno del PP en aquel momento, CiU-FUPS, con la ayuda del PSC, para crear una comisión de investigación, «en una clara maniobra de desgaste político y manipulación que sólo perseguía inventar argumentos para incumplir el pacto de gobierno que se firmó en su día, mediante el cual CiU-FUPS se había comprometido a ceder el último año de alcaldía a favor del PP,» afirma Mario García, portavoz del Grupo Municipal del PP.
Los Juzgados del contencioso administrativo 1 y 2 de Tarragona han dictado sentencias de fechas 30 de octubre 2015 y 4 de marzo de 2016 que condena al Ayuntamiento de Salou a pagar el importe de las facturas por los trabajos realizados, más los intereses y costas procesales correspondientes, dejando sin efecto el decreto de alcaldía que decidió no convalidar los dos contratos que se formalizaron en su día y declaran la inexistencia de lesividad alguna para la corporación.
Según el líder popular «por fin la justicia se ha pronunciado declarando la legalidad de todo el procedimiento. Es lamentable que por puro interés político y partidista de los partidos que actualmente ostentan el poder en Salou, CiU-FUPS y PSC orquestaron toda esta maniobra con el único objetivo de desgastar el PP. Hoy estos caprichos políticos lo costarán más dinero a los salouenses, por|para que el juez en más de condenar al Ayuntamiento a pagar estos trabajos con el incremento de los intereses correspondientes, lo condena a pagar las costas procesales».
Los populares afirman que a su día ya advirtieron que las facturas se tenían que pagar al no haberse producido defectos no invalidantes en la contratación y lamentan que desde la alcaldía no se convalidaran, cuando|cuándo en otras situaciones similares sí que lo han hecho.
«El Sr. alcalde tendría que dar explicaciones de porque decidió no convalidar estas facturas y de porque decidió iniciar un procedimiento de lesividad. Él tendría que pagar de su bolsillo los intereses y las costas procesales, por|para que él es el único responsable que se haya perdido un pleit que nunca tendría que haberse iniciado», ha concluido García
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