Junqueras pide asistir al pleno de investidura porque su voto es «indelegable»

La defensa del vicepresidente destituido, Oriol Junqueras, ha presentado un recurso de apelación delante de la sala de lo penal del Tribunal Supremo para volver a pedir ser trasladado a una prisión catalana y poder asistir al pleno de investidura del Parlament. El abogado Andreu Van den Eynde ha presentado el recurso contra la decisión del juez Pablo Llarena, que le denegó el traslado y estableció que fuera la Mesa quien determinara de qué manera podía delegar el voto a otro diputado. Junqueras recuerda que, según el Reglamento del Parlament, los diputados «tienen que asistir a los debates y votaciones del Ple», y que «su voto es indelegable». La defensa también sostiene que la decisión de Llarena provoca una «distorsión de la institución parlamentaria».

«Un diputado electo tiene que poder emitir su voto y, por lo tanto, participar en el plenario. No hacerlo modificaría la aritmética parlamentaria y alteraría la voluntad popular que se expresa a través de sus representantes en las cámaras legislativas», asegura la defensa de Junqueras, que añade que «la persona del diputado es insustituible tanto formalmente y funcionalmente como por respeto al derecho fundamental de lo que la función legislativa es vehículo: la representación popular».

En el recurso, en el cual cita las Reglas Nelson Mandela de l'ONU, Van den Eynde sostiene que un diputado electo en situación de prisión provisional «tiene que poder ejercer sus funciones políticas esenciales» y su encarcelamiento «no puede implicar la inasistencia al plenario ni la pérdida de su voto», ya que eso «alteraría la función misma del Parlament».

El abogado defensor de Junqueras considera que Llarena «desnaturaliza» derechos y añade que lo que hace es «resolver el conflicto mediante la creación de una delegación de voto que parte de una interpretación ajena al sentido gramatical de la norma parlamentaria, ajena a los precedentes, contraria a la filosofía que inspira el precepto reglamentario» y con una «interpretación efectuada por un organismo de otro poder del Estado diferente del legislativo».

«De la misma manera que nadie abogaría para restringir los derechos a la libertad religiosa o de culto, de educación o de asistencia sanitaria a un interno en la prisión», añaden, también «se tendría que proteger un derecho tan fundamental como el de participación política». En este sentido, la defensa argumenta que «el único instrumento para salvaguardar los derechos que le asisten es la autorización para el traslado de centro penitenciario y el otorgamiento de permisos para la asistencia al Parlament». «Nadie diría que una salida a un hospital de un preso desactivaría la prisión provisional, ni tampoco asistir a un funeral de un pariente próximo», añade.

La defensa también insiste en que el traslado a una prisión catalana también garantizaría a Junqueras derechos personales como son «estar a menor distancia de su esposa y sobre todo de sus hijos».