El Tribunal Supremo asume las causas contra el Govern y los 'Jordis'

El juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha acordado este viernes hacerse cargo de las causas que la Audiencia Nacional tenía abiertas contra los miembros del govern de Carles Puigdemont y los presidentes de la ANC y Òmnium, pero no la que se sigue contra el mayor Trapero, que continuará en manos de la Audiencia Nacional. Llarena unifica los casos con lo que instruye contra los miembros soberanistas de la Mesa del Parlament «por la conexión material inescindible de la naturaleza de los hechos que se están investigando en el Supremo en la causa relacionada con el proceso secesionista». El juez tendrá que decidir ahora si cita a declarar la semana que viene a los consellers encarcelados en Estremera y Alcalá Meco, así como los ‘Jordis’, en vista a una posible adopción de medidas cautelares que implique su puesta en libertad, tal y como hizo con la Mesa del Parlament.

El auto que ha enviado a las partes, el juez del Tribunal Supremo reclama a la Audiencia Nacional la parte de la causa relativa al presidente de la Generalitat Carles Puigdemont, los 13 consellers destituidos y los presidentes de la ANC y Òmnium, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, que «queda incorporada a la que ya se sigue contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y otros cinco miembros de la Mesa». La decisión es firme, y no se puede recurrir.

Lo justifica por la «conexión material inescindible» con los hechos investigados sobre personas aforadas –los miembros de la Mesa del Parlament- y asegura que la unificación tiene «una finalidad funcional» entrada a «facilitar la tramitación y resolver los problemas» del enjuiciamiento. En este sentido, asegura que en la medida en que el delito de rebelión que se investiga tendría varios autores, hace falta que se los investigue a todos conjuntamente.

La causa contra Trapero seguirá en la Audiencia Nacional

Excluye de este traspaso la causa separada que la jueza Lamela sigue contra el mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero y la intendente del cuerpo, Teresa Laplana, así como cualquier otro eventual responsable» de los hechos. Según el juez, el caso de Trapero no estaría conectado a la de los miembros del Govern de Puigdemont y los ‘Jordis’. En este sentido distingue por una parte entre la actuación de los miembros del Govern y de los presidentes de la ANC y Òmnium, dónde el delito de rebelión sólo se sostendría en caso de que hubiera una «intervención coordinada», y la de los Mossos.

Ve a Trapero como un «subordinado» de Forn

El magistrado recuerda que Trapero y Laplana eran «subordinados» del conseller de Interior, Joaquim Forn. Las suyas, asegura, «son participaciones añadidas» que «con independencia de su relevancia en el desarrollo de los hechos no justifican modificar las normas de competencia» del Tribunal Supremo.

22 personas en el Supremo

De esta manera, el Supremo asume la investigación sobre 22 personas: El president Puigdemont y los cuatro consellers destituidos que están en Bélgica (Toni Comín, Clara Ponsatí, Lluis Puig y Meritxell Serret); los ocho consellers encarcelados (Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Meritxell Borràs, Joaquim Forn, Dolors Bassa y Carles Mundó), el exconseller Santi Vila; los expresidentes de la ANC y Òmnium, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart; la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y los cinco miembros de la Mesa (Anna Simó, Josep Maria Corominas, Ramona Barrufet, Joan Josep Nuet y Lluís Guinó).

El Supremo actúa contra el criterio de la Fiscalía

El juez ha adoptado la decisión después de recibir los informes que la jueza de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, la Fiscalía y las defensas le han presentado posicionando sobre esta acumulación de todas las instrucciones en una sola causa. La jueza avaló esta semana el traspaso de sus actuaciones en el Tribunal Supremo «porque se está investigando los miembros de una compleja organización donde cada uno cumple una función para conseguir la secesión de Cataluña y su proclamación como república independiente contraviniendo el orden constitucional y estatutario».

Un criterio contrario al de la Fiscalía, que apostaba por mantener las instrucciones de las actuaciones contra el Govern de Puigdemont y contra los ‘Jordis’ y Trapero en la Audiencia Nacional, y dejar para el Supremo sólo aquellas que hacen referencia a los miembros de la Mesa por su condición de aforados. Según la Fiscalía, las causas «disfrutan de sustantividad propia» y «son susceptibles de análisis independiente o separat». Una «macrocausa», según la Fiscalía sería «muy inconveniente para la agilización de la justicia, la economía procesal y el cumplimiento de las finalidades».

Un nuevo fiscal

La decisión de Llarena coincide con la designación por parte del gobierno español de Julián Sánchez Melgar como nuevo Fiscal General del Estado en sustitución del traspasado José Manuel Maza. Aunque su nombramiento por parte del Consejo General del Poder Judicial y el Congreso de los Diputados no se producirá hasta después de las declaraciones, hay que ver si este relevo implica un cambio en la línea que mantuvo a su predecesor, que impulsó querellas por rebelión y sedición a pesar del criterio contrario de buena parte de la judicatura.

Las citaciones de Llarena abren la puerta a la salida de la prisión de los consellers de Puigdemont y de los ‘Jordis’ justo antes del inicio de la campaña electoral, que tendrá lugar el 4 de diciembre.