Lamela, a favor de acumular en el Tribunal Supremo las causas contra el Gobierno, los 'Jordis', Trapero y la Mesa

El informe que la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha remitido al Tribunal Supremo posiciona a favor de la acumulación de las causas que se siguen contra los miembros del Gobierno de Carles Puigdemont, los presidentes de la ANC y Òmnium Cultural, el mayor Trapero y los miembros soberanistas de la Mesa en el Tribunal Supremo. Según el informe, el alto tribunal se tiene que hacer cargo de todas las causas «porque se está investigando los miembros de una compleja organización donde cada uno cumple una función para conseguir la secesión de Cataluña y su proclamación como república independiente contraviniendo el orden constitucional y estatutario». La jueza entiende que los delitos investigados son conexas y si se escindiera la causa dificultaría enormemente la investigación conjunta de los hechos y la determinación clara de responsabilidades de los investigados.

Una vez remitido el informe, el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena tendrá que manifestar ahora si se queda con toda la causa y lo acumula en la que ya lleva contra los miembros soberanistas de la Mesa. Tendrá sobre la mesa también el criterio de la Fiscalía, que según se ha hecho público en los últimos días se manifiesta en contra de este traslado de la causa en el Supremo, que fijó libertad con fianzas para los miembros de la Mesa, y apuesta para mantenerla en la Audiencia Nacional, donde el criterio de la jueza fue el de dictar prisión incondicional para los miembros del Gobierno y para los ‘Jordis’.

En el informe que ha hecho llegar al Supremo, Lamela insiste en los criterios con que justificó las órdenes de prisión incondicional. Según la jueza, todos los investigados forman parte de una «organización» que ha desplegado desde el 2015 «una premeditada estrategia perfectamente coordinada» con un «reparto de papeles entre autoridades gubernamentales, parlamentarias y civiles». Esta argumentación le permite posicionar a favor de la acumulación de las causas porque la investigación «se tiene que hacer de forma conjunta y en un único procedimiento para poder determinar y valorar con conveniente coherencia la participación concreta de cada uno de las personas investigadas y los delitos en que cada uno puede haber incurrido».

«Reparto de papeles»

La jueza insiste en que los investigados actuaban con un propósito compartido y de acuerdo a un «plan común» y a un «reparto de tareas y responsabilidades» para conseguir la «secesión» de Cataluña alterando «la organización política del Estado, y con eso la forma de gobierno, con clara contravención del orden constitucional y estatutario». Según asegura, esta organización está integrada por los «miembros del Gobierno, los presidentes de la ANC y Òmnium, asesores e ideólogos, eso como por la policía autonómica y la actuación de determinadas personas del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) y de las personas vinculadas al Diplocat».

Según la jueza, el plan se desplegó a través de un «marco legislativo inconstitucional, la convocatoria de un referéndum ignorante los pronunciamientos del TC y la declaración de independencia». «Mientras las tareas parlamentarias se orientaban a aprobar una normativa donde fundamentar y dar una apariencia de legalidad a las diferentes etapas del proceso de desconexión, la misión de los líderes de asociaciones independentistas como ANC y Òmnium era movilizar las masas para crear a la ciudadanía un sentimiento de rechazo a las instituciones españolas y los poderes del Estado para propiciar y justificar la desobediencia de la sociedad casa a las órdenes emanadas hacia ellos para propiciar, cuando fuera necesario, la movilización social para apoyar la consecución de los planes secesionistas», apunta.

ANC y Òmnium: el «brazo civil del levantamiento»

Pone como ejemplo a las «congregaciones tumultuosas» que se llevaron a cabo, asegura, para impedir la ejecución de las resoluciones judiciales, donde la ANC y Òmnium «actuaron como brazo civil del levantamiento auspiciado por las autoridades del Gobierno favoreciendo movilizaciones como las que tuvieron lugar los días 20 y 21 de septiembre y 1 de octubre».

Acusa a los Mossos de espiar a la Guardia Civil

Según la jueza, los Mossos tuvieron un papel «de especial relevancia» para asegurar el éxito del proceso hacia la declaración de independencia. «Resultaba esencial disponer de la capacidad investigadora e intimidante de los Mossos D'Esquadra, cuerpo policial integrado por más de 17.000 efectivos, con el potencial efecto coercitivo que representaban», asegura. La jueza concluye que se puso los Mossos al servicio de los intereses independentistas «en la realización de actuaciones de espionaje en los miembros de la Policía y la Guardia Civil y accins de vigilancia y contra vigilancia en miembros de la organización que estaban seguidos y vigilados en el curso de las investigaciones judiciales».

Asegura que hubo desvío de fondos públicos

Lamela también asegura que las actividades independentistas se financiaron como mínimo de forma parcial con fondos públicos. Según la jueza, a pesar del veto del Tribunal Constitucional el gobierno llevó a cabo pagos y utilizó fondos públicos para la «consumación de un acto delictivo». El hecho de que la intervención general de la Generalitat haya certificado sólo que una pequeña cantidad de una partida presupuestaria, según la jueza, «no excluye que se haya sufragado el referéndum con dinners públicos no destinado a estas finalidades, como lo testimonia la actuación de la consejera|consellera de Gobernación, Meritxell Borràs, quien|quién decidió adoptar las medidas encaminadas a obtener los medios para poder celebrar el referéndum».

También hace referencia a los planes de comunicación y propaganda de apoyo al movimiento independentista dentro y fuera de Cataluña y a la asignación de recursos tecnológicos de la Generalitat para dar apoyo a la celebración del referéndum y para empezar a desarrollar, dice, los proyectos para una nueva República independiente.

«La investigación se tiene que acumular»

Por estos motivos se muestra partidaria de acumular la causa porque una investigación por separado «dificultaría el esclarecimiento de los hechos y la comprensión de toda la estrategia colaborativa». «La actuación de los investigados no se puede examinar de manera aislada y desvinculada de la organización de la que ellos y posiblemente otros han formado parte para culminar un propósito común», apunta. La jueza recuerda que se investigan delitos conexos, y «cualquier escisión de la causa inevitablemente conduciría al examen parcial de los hechos, cosa que dificultaría enormemente la investigación y la determinación clara de responsabilidades de los investigados».