Diari Més

Amnistía Internacional reclama la liberación «inmediata» de Sànchez y Cuixart

La ONG asegura que los cargos de sedición son «excesivos» y considera «desproporcionado» el encarcelamiento

Foto de archivo de Esteban Beltrán, director en Espanya d'Amnistia Internacional.

Amnistía Internacional reclama la liberación «inmediata» de Sànchez y CuixartACN

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Amnistía Internacional ha reclamado este miércoles 18 la liberación «inmediata» del presidente de l'ANC, Jordi Sànchez y el de Òmnium, Jordi Cuixart. En un comunicado, la ONG considera que los cargos por sedición y la prisión provisional son «restricciones excesivas». «Pedimos a las autoridades que retiren los cargos de sedición presentados contra Jordi Sànchez y Jordi Cuixart y que pongan fin de inmediato a su prisión provisional», ha asegurado el director de AI al Estado español, Esteban Beltrán. En el comunicado, Amnistía Internacional dice que los presidentes de la ANC y Òmnium no animaron a los manifestantes a utilizar la violencia y no pueden ser considerados responsables, ni directamente ni indirectamente, de los daños en los vehículos de la policía.

Amnistía Internacional asegura que «no cuestiona» las decisiones del Tribunal Constitucional «sobre la ley del referéndum ni su aplicación» pero considera que el proceso abierto contra Sànchez y Cuixart constituye «una restricción excesiva de su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica».

La organización destaca que, de acuerdo con el derecho internacional sobre derechos humanos, «el derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica incluyen la posibilidad de que personas y organizaciones de la sociedad civil expresen sus opiniones sobre el referéndum y sobre la independencia en cualquier momento y de forma individual o colectivamente».

«Las autoridades tienen que proteger el derecho de los ciudadanos a expresar su oposición a la decisión del TC y a organizar reuniones públicas pacíficas a favor del referéndum», ha asegurado el director en Europa de Amnistía, John Dalhuisen.

Amnistía Internacional remarca que las autoridades tendrían que actuar siempre con un principio de «proporcionalidad» y que «las sanciones penales, en particular las que comportan la privación de la libertad, constituyen a menudo una restricción desproporcionada del derecho a la libertad de reunión pacífica y al de expresión».

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