Human Rights Watch denuncia «el uso excesivo de la fuerza» el 1-O

Human Rights Watch denuncia en un informe «el uso excesivo de la fuerza» de la Policía Nacional y la Guardia Civil para detener el referéndum del 1-O. La ONG por los derechos humanos asegura que hace falta una «investigación efectiva» de la actuación policial y recomienda que se haga a través «de un organismo internacional independiente» teniendo en cuenta las tensiones actuales entre los gobiernos catalán y español. Además, HRW dice que la UE y los estados europeos «tendrían que dejar claro públicamente que cualquier uso de la fuerza tiene que cumplir con las leyes nacionales y la normativa europea de derechos humanos». «La policía quizás tenía la ley de su lado para aplicar una orden judicial, pero eso no los daba el derecho a utilizar la violencia contra manifestantes pacíficos», asegura el experto de HRW encargado del informe, Kartik Raj.

«En estos tiempos divisivos, es especialmente importante que las autoridades respeten los derechos humanos, incluidos la libertad de expresión y de reunión, y el estado de derecho», asegura el experto Raj. «Un compromiso de Madrid y Barcelona para cooperar totalmente con una investigación independiente de la violencia del 1-O sería un paso importante para restaurar la confianza», añade.

«El gobierno español tiene la obligación de garantizar que hay una investigación efectiva», dice la ONG, que propone que ante las «tensiones» actuales se podrían implicar organizaciones como el Consejo de Europa, el comisario de Derechos Humanos o la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

«Nuestra investigación detalla en tres casos demuestra que la Policía Nacional y la Guardia Civil hicieron un uso excesivo de la fuerza el 1-O en Cataluña», asegura Raj. En el informe, HRW dice que ha podido constatar el uso excesivo de la fuerza contra «manifestantes pacíficos» en Girona, Aiguaviva y Fonollosa. En Girona, la ONG entrevistó testigos y heridos en el Colegio Verd, donde dice que «un padre golpeado era un agente de los Mossos fuera de servicio, y otro un bombero». En un colegio de Sant Narcís, HRW ha documentado que la policía rompió el brazo de un bombero que «no suponía una amenaza para la policía».

España «es miembro de la Convención Europea de Derechos Humanos, así como también de la Convención Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que imponen obligaciones específicas para el respeto a la reunión pacífica y la libertad de expresión» y recogen como hacer un «uso de la fuerza» legal. «Incluso si los gobiernos pueden imponer algunas restricciones a estos derechos, las medidas tienen que ser las necesarias y proporcionadas para el objetivo específico. Aunque la gente actúe ilegalmente, el Estado no puede privarlos de sus derechos o utilizar una fuerza excesiva», dice el informe de Human Rights Watch.

La ONG recuerda que «los estándares de los derechos humanos sobre el uso de la fuerza requiere a la policía utilizar alternativas siempre que sea posible». En más, añade que las leyes que regulan la Policía Nacional y la Guardia Civil, así como el «código ético» del cuerpo español, incorporan menciones «a las normas de derechos humanos» y marcan que el uso de la fuerza se tiene que hacer «con proporcionalidad, de acuerdo con la amenaza y con el objetivo de minimizar los daños y los heridos». «Es fundamental que cualquier acción policial en el futuro se adhiera estrictamente a estos estándares», dice Human Rights Watch.