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Las consecuencias del 1-O
Un grup d'alumnes del col·legi Verd de Girona, comprovant els desperfectes a la porta d'entrada.

Los Mossos dicen que policía española y Guardia Civil se saltaron los acuerdos de coordinación el 1-O

Un grupo de alumnos del colegio Verd de Girona, comprobando los desperfectos en la puerta de entrada.

Los Mossos dicen que policía española y Guardia Civil se saltaron los acuerdos de coordinación el 1-O

La policía catalana asegura que impidió la votación en casi 450 colegios electorales y requisó unas 400 urnas en locales ya abiertos
  • Pol Solà

Actualizada 11/10/2017 a las 20:17

Los Mossos d'Esquadra han asegurado este miércoles por la tarde que la policía española y la Guardia Civil no respetaron los acuerdos tomados en las reuniones de coordinación previas al 1 de octubre. Así, teniendo en cuenta el carácter pacífico de la votación, se había previsto que una pareja de agentes fuera a cada colegio y sólo si no podían entrar pedirían refuerzos a los antidisturbios españoles. No obstante, estos actuaron antes de que se los requiriera. Además, en el informe remitido a la magistrada del TSJC que lleva el caso, la policía catalana asegura que en los días previos y el mismo domingo de votación impidieron la votación en casi 450 colegios electorales y requisaron hasta 400 urnas en locales ya abiertos o a punto de abrir.

En un comunicado, policía catalana explica que definió su dispositivo ajustándose a los criterios establecidos en las reuniones de coordinación celebradas los días 25, 28, 29 y 30 de septiembre en la sede de la Delegación del gobierno español en Cataluña con el director del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad, Diego Pérez de los Cobos, y los mandos de la Guardia Civil y de la policía española.

El objetivo de todas las reuniones celebradas previamente al día 1 de octubre era compartir la información que tenían los tres cuerpos policiales sobre el desarrollo de la jornada de votación y establecer un dispositivo en el cual los tres cuerpos dieran respuesta al auto emitido por el TSJC.

Dado el elevado número de centros de votación (2.294) se acordó que fueran los Mossos quien se encargaran de garantizar una «presencia mínima de dos agentes en todos y cada uno de estos centros». Asimismo, se descartó conjuntamente una actuación de más presencia a la totalidad de los locales porque eso habría requerido un número de policías «totalmente inalcanzable».

En todas las reuniones las informaciones que se compartieron iban en el mismo sentido: «habría una alta movilización ciudadana de cariz pacífico y, en el caso de actuación de la policía, de resistencia pasiva». «Nunca se habló de resistencia activa ni de grupos que, de manera organizada, estuvieran planeando acciones violentas contra la policía», aseguran los Mossos.

La previsión del carácter pacífico de la jornada, «compartido de manera unánime por los tres cuerpos», determinó que las unidades de orden público estuvieran «a reacción», sin estar presentes inicialmente en los centros de votación. Esta reacción tenía que recaer, mayoritariamente, en la Guardia Civil y la policía española, «y siempre tenía que ser a requerimiento de los Mossos». El coordinador del dispositivo anunció que esta reacción correspondería a la policía española o a la Guardia Civil en función de sus antiguas demarcaciones, aquellas en las cuales operaban antes del despliegue de los Mossos, es decir la policía en ciudades medias y grandes y la Guardia Civil en las más pequeñas.

Tal como se había fijado en estas reuniones, alrededor de las nueve y cuarto de la mañana del día 1 de octubre y después de constatar en muchos casos que las dotaciones uniformadas de Mossos presentes y las requeridas a posteriori en determinados locales no podían proceder al cierre de los colegios electorales, se solicitó el apoyo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado. No obstante, la Guardia Civil y la policía española llevaron a cabo actuaciones previas a este requerimiento en varios puntos de votación, sin informar ni comunicar estas acciones a los Mossos. A lo largo de toda la jornada tampoco se dio ninguna explicación a los Mossos del por qué se había actuado de manera diferente a la acordada en las reuniones de coordinación. «En relación con esta coordinación hay que destacar pues que los sistemas establecidos no resultaron eficaces», asegura la policía catalana.

De hecho, este martes, un portavoz oficial del cuerpo dijo que la primera reunión de coordinación el mismo 1 de octubre se anuló sin previo aviso, y las otras previstas ya no se convocaron.

En total el dispositivo que se llevó a cabo durante toda la jornada del día 1 de octubre para dar respuesta a las órdenes dadas por el TSJC comportó la movilización de 7.850 mossos y se pidió apoyo a las policías locales que aportaron cerca de 500 efectivos.

Cierre de colegios y urnas requisadas
Por otra parte, las gestiones policiales llevadas a cabo por los Mossos para dar cumplimiento a las órdenes fijadas en el auto del TSJC y las de fiscalía comportaron que antes del día 1 de octubre se acreditaran al menos más de 6.700 actuaciones en los locales donde se tenía conocimiento que se podía estar realizando alguna actividad relacionada con el referéndum suspendido.

Estas más 6.700 actuaciones incluyen 2.240 actos de advertencia hechas durante el miércoles 27 y el jueves 28 de septiembre y más de 4.450 actos y minutas policiales confeccionadas el viernes 29 y el sábado 30 de septiembre después de que efectivos de mossos|mozos se desplazaran hasta los locales de votación. Allí el objetivo era comprobar si los locales estaban abiertos o cerrados, averiguar si se estaba haciendo alguna actividad de preparación del referéndum suspendido y/o hacer advertencias relativas a la prohibición de realizarlos y que tenían que desalojar los locales antes de las 6 horas de la mañana del domingo 1 de octubre.

El mismo día 1 de octubre se custodiaron 297 centros de votación que no habían llegado a abrir después de las advertencias hechas por los Mossos. Estas advertencias hacían referencia a la prohibición de utilizar el local para hacer ningún tipo de actividad de preparación y ejecución del referéndum suspendido.

Asimismo, el día 1 de octubre se detuvo la actividad de votación que se estaba haciendo a 99 centros de votación, se decomisaron más de 400 urnas a 141 centros, papeletas de votación, documentos relacionados con el censo, material informático que se encontraba en algunos de los centros, así como documentación diversa relacionada con la preparación de alguna de las mesas electorales.

Por lo tanto, se impidió o dificultó la votación a un total de 446 centros de votación repartidos en 297 centros que no abrieron y que fueron custodiados desde primera hora de la mañana para asegurar que nadie accediera, y 149 centros en que, o bien se detuvo la actividad de votación o bien sin conseguir detener del todo esta actividad sí que se decomisaron urnas antes de la hora prevista del cierre de locales.

»En aquellos centros donde no se pudo impedir la votación fue por la gran cantidad de personas que había y por el hecho de que proceder al cierre efectivo hubiera comportado un uso de la fuerza que podía haber generado un daño superior a lo que se pretendía evitar y, que con toda seguridad, hubiera resultado imposible de ejecutar siguiendo los principios de congruencia, proporcionalidad y oportunidad», afirma el comunicado.
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