Un juzgado de Barcelona investiga la policía española por|para la actuación en 26 colegios electorales y 130 lesionados

El Juzgado de Instrucción número 7 de Barcelona ha acordado investigar la actuación de la policía española en 26 colegios electorales de la ciudad el pasado domingo 1 de octubre, que habría acabado con al menos 130 heridos y daños en uno de los centros. El magistrado rechaza la petición de la fiscalía de investigar sólo la actuación en un centro y lo amplía a todos los centros donde hubo actuaciones policiales polémicas. En uno de los centros, además, hay una denuncia por daños materiales. El auto ordena a la policía que le facilite el número de identificación de los agentes que intervinieron, las instrucciones que dio la Delegación del gobierno español en Cataluña e imágenes grabadas por los medios de comunicación en estos centros.

En un duro auto de ocho páginas, el magistrado Francisco Miralles, explica que recibió la denuncia de la Generalitat por la actuación policial del domingo en toda la ciudad, pero la fiscalía dijo que la investigación se centrara sólo a los Jesuitas de Sant Gervasi, ya que el Gobierno había aportado imágenes de los incidentes. Pero el magistrado ha recibido denuncias de hasta 26 colegios y decide abrir diligencias por todos ellos, con 26 causas separadas. Pidió en 48 horas informes sobre las actuaciones de cada cuerpo policial. La Guardia Civil aseguró que no había intervenido en ningún colegio de la ciudad, los Mossos pidieron un aplazamiento y la policía española envió un informe de 12 páginas.

En el informe se detallaban 26 actuaciones en 25 centros públicos, una actuación en la calle con un particular en lo que se le requisó una urna que trasladaba en coche, más un centro que al final no fue intervenido, según la policía, la Escola Infant Jesús de la calle Avenir, en el barrio de Sant Gervasi-Galvany, que es la que la fiscalía pedía investigar. No obstante, el juez dice que la Generalitat aportó fotografías de esta escuela donde se ve a una mujer con sangre en la cabeza, un hombre siendo atendido en el suelo y un «contingente importante de agentes» de la policía española. Además, hay cuatro denuncias de personas heridas en este centro.

La policía, además, también dice que hay 20 agentes lesionados, pero no concreta el tipo de lesiones ni si se produjeron de forma accidental o intencionada.

Paralelamente se han recibido en el juzgado una «avalancha» de 130 informes médicos de lesiones provocadas por la policía española en colegios electorales, según los denunciantes. La inmensa mayoría son lesiones leves, hematomas y erosiones, excepto dos casos graves, aunque el número podría aumentar próximamente, dice al juez. También hay una denuncia por la apropiación del ordenador personal de un individuo, aunque no denuncia lesiones.

De los centros investigados, los más afectados son la Escola Mediterrània de la Barceloneta, con 16 heridos, el CEIP Estel, con nueve heridos y daños en las instalaciones, i el CAP del Guinardó, con diez heridos, el CEIP Ramon Llull, con 19 heridos, y el CEIP Ágora, en la Guineueta, con diez heridos. Hay tres centros sin heridos, pero también serán investigados.

Por todo eso, el magistrado considera que hay que investigar todas las denuncias. Admitiendo que los policías estaban realizando su función y cumpliendo un mandato judicial, «no tiene que evitarse el análisis de lo que pasó por comprobar o descartar la proporcionalidad en el uso de la fuerza» por parte de los agentes. «Sólo estará amparada su actuación en caso de que exista tal proporcionalidad, en caso contrario, el procedimiento tiene que servir para depurar las responsabilidad que correspondan», añade.

La investigación de momento se abre por delitos de lesiones, la mayoría leves, pero no se descartan otros delitos, ya que los denunciantes también aseguran haber sido insultados por los agentes.

Sobre el contundente escrito del fiscal donde decía que la actuación policial «no había afectado a la normal convivencia ciudadana», el juez dice que «resulta evidente que eso no es así, al menos según las diversas grabaciones» hechas por los medios de comunicación y los ciudadanos. «Afectación de la normal convivencia hubo, ya que hubo disturbios y lesionados en al menos 17 lugares diferentes de la ciudad en una mañana». También recuerda que la misma policía admite que disparó polvo en el aire y pelotas de goma. La investigación judicial tendrá que determinar, según el juez, si la alteración de la convivencia fue fruto de la intervención policial, de los votantes concentrados o por una combinación.

Sobre el hecho de que la actuación fuera por orden judicial y en legítima defensa, según el fiscal, el magistrado afirma que eso sólo se podrá justificar si la actuación fue «proporcionada a las circunstancias existentes, nunca antes». «Hacer tal afirmación al inicio del procedimiento supondría dar carta blanca a cualquier exceso policial que pudiera haberse producido al impedir investigarlos», responde al ministerio público.

El juez también muestra su «discrepancia total» con el fiscal cuando afirmó que el motivo de la reunión de los votantes había sido declarado ilegal por el Tribunal Constitucional. «Lo que era ilegal era la convocatoria, organización y promoción del referéndum por parte de autoridades y funcionarios públicos en los que expresamente el TC había requerido con apercibimiento de las responsabilidades penales correspondientes», argumenta. «Lo que no es ilegal ni ilícito es que los ciudadanos, convocados por su administración autonómica, se dirigieran en los puntos de votación que se les indicó, en un establecimiento público abierto a tal efecto, a reunirse o a realizar cualquier actividad que se hubiera programado, incluso depositar un papel sin ningún valor legal en una urna», afirma. Estos votos, según el magistrado, «no pueden producir ningún efecto jurídico relevante, al estar suspendida la ley que lo sustentaba».

No obstante, también considera que esta libertad tampoco permite que los ciudadanos intentaran impedir la actuación policial en cumplimiento de las resoluciones judiciales. Por eso, opina que es muy importante saber si los concentrados ejercían una protesta pacífica, una resistencia pasiva, una resistencia activa leve o grave, hacían cola para votar o simplemente estaban en el lugar de los hechos. El magistrado no descarta ninguna opción.

Por último, el magistrado también responde al fiscal que el hecho de que el número de heridos fuera un porcentaje muy pequeño de los votantes y no afectara a la mayoría de colegios electorales, puede descartar la «violencia generalizada» pero «no puede servir para minimizar la gravedad de hechos concretos», que tienen que ser investigados. Por todo eso, descarta los motivos «espurios» de la denuncia del Gobierno, tal y como los tildaba la fiscalía.

El magistrado decide citar a los testigos de cada actuación policial y crea 26 piezas separadas, una por cada colegio intervenido, incluido el Infant Jesús de Sant Gervasi. También pide a la policía que identifique a cada uno de los agentes que intervino en cada centro, la función de cada uno, y un informe más detallado de la actuación a cada punto, así como una ampliación de la información sobre las lesiones sufridas por los agentes y si fueron causadas por terceras personas o se derivaron de la propia actuación, con un informe médico de cada lesionado.

Al TSJC le pide todas las resoluciones sobre el 1-O y las órdenes dadas a los cuerpos policiales, a la Delegación del gobierno español en Cataluña le reclama un informe con las instrucciones orales y escritas dadas a la policía española, así como el nombre de los responsables organizativos y sus funciones. También pide qué criterios utilizaron para decidir los colegios donde se actuó y el motivo por el cual «cesaron las intervenciones al mediodía y no continuaron hasta el final del proceso de votación».

Aparte, pide las actas de la Junta de Seguridad de Cataluña, que se reunió el viernes 29 de marzo, y ofrece a la Generalitat personarse en el proceso judicial por los daños sufridos en sus instalaciones, aportando presupuesto o factura de reparación. Finalmente, pide en nueve grupos de comunicación que remitan al juzgado las imágenes grabadas en estos 26 puntos investigados, con especificación del lugar y la hora que se grabaron, sean imágenes propias o de particulares.