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Imatge d'arxiu d'agents de la Guàrdia Civil en un dels darrers registres.

La Guardia Civil entra en el Departamento de Economía de la Generalitat

Imagen de archivo de agentes de la Guardia Civil en uno de los últimos registros.

EFE

Interior desplaza refuerzos policiales en Cataluña para «mantener la orden» y actuar por el 1-O

El ministro Zoido traslada a Forn por carta que actuarán «en apoyo» de los Mossos D'Esquadra

Actualizada 22/09/2017 a las 12:04

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha comunicado este viernes al conseller de Interior, Joaquim Forn, que el gobierno español ha decidido desplazar a Cataluña unidades de refuerzo de la policía española y de la Guardia Civil que tendrán como funciones la «vigilancia del espacio público», el «mantenimiento del orden» y actuar «en caso de que se mantuviera el referéndum ilegal». Según un comunicado del Ministerio, en la carta Zoido concreta que estas unidades «actuarán en apoyo» de los Mossos D'Esquadra, que es el cuerpo que se encarga de estas funciones. El Ministerio añade que la decisión se toma para «dar cumplimiento» a la instrucción de la Fiscalía Superior de Cataluña del 8 de septiembre ordenante «activar las actuaciones necesarias para impedir la celebración del referéndum ilegal».

En un comunicado, el Ministerio del Interior ha dicho que lo hace en virtud del artículo 38.2 de la Ley orgánica 2/1986 de Forces y Cuerpos de Seguridad. Precisamente en este artículo, la legislación recoge que los cuerpos de seguridad del Estado, en colaboración con las policías autonómicas, velarán «por el cumplimiento de las leyes y disposiciones del Estado» y «garantizarán el funcionamiento de los servicios públicos esenciales».

Asimismo, también recoge que participarán en las funciones de policía judicial, vigilarán los espacios públicos, protegerán manifestaciones y mantendrán la orden a grandes concentraciones humanas. En este sentido, indica que el ejercicio de esta función corresponderá «con carácter prioritario, en los cuerpos de la policía de las comunidades autónomas,», pero sin prejuicio de la intervención de los cuerpos estatales, ya sea a requerimiento de la misma comunidad autónoma o «cuando lo estimen necesario las autoridades estatales competentes».
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