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La Fiscalía rechaza el archivo de la causa del 9-N porque ve «sólidos indicios delictivos»

Responde así las peticiones presentadas por las defensas de Masía, Ortega y Rigau
  • ACN

Actualizada 22/03/2016 a las 16:40

La Fiscalía Superior de Catalunya ha rechazado el archivo de la causa del 9-N porque considera que hay «sólidos indicios delictivos» en la conducta del expresidente de la Generalitat Artur Mas, la exvicepresidenta del Gobierno, Joana Ortega, y la exconsejera de Ensenyament Irene Rigau. Los fiscales Francisco Bañeres y Emilio Sánchez responden así los tres escritos presentados por las defensas de los tres investigados, que reclamaban el archivo alegando que el Gobierno no incumplió la prohibición del TC, sino que dejó el proceso en manos de los ciudadanos. A opinión de la Fiscalía, Mas, de acuerdo con Ortega y Rigau, «consciente e intencionalmente resolvió no atender el mandato» y no sólo no detuvo las actividades jurídico-administrativas en curso para celebrar la consulta, sino que «excitó su continuación furtiva».
En su escrito, la Fiscalía responde los argumentos esgrimidos por las defensas de los investigados. Niega que el proceso se dejara exclusivamente en manos de los ciudadanos voluntarios y remarca que quien anuncia y convoca el 9-N es el presidente de la Generalitat, y por eso «recae sobre él la responsabilidad de dar cumplimiento a lo que el TC le ordena». En concreto, sostiene que Mas «desafió abierta y públicamente la suspensión».
En este sentido, los fiscales Bañeres y Sánchez constatan que cuando el alto tribunal suspende la consulta, también «recae sobre el presidente la responsabilidad de ordenar la paralización de los procedimientos administrativos en curso» y la anulación de los encargos contractuales realizados, cosa que no hizo, lo que equivale, según Fiscalia, a una «resolución activa ordenando continuar». Las tareas organizativas y logísticas para preparar la votación continuaron, remarca la Fiscalía, «siempre controladas por la administración».
La instrucción de la causa, a opinión de los fiscales, ha demostrado que los investigados intentaron «aparentar» que el proceso quedaba en manos de los voluntarios, cuando el uso de medios públicos continuó, aunque quedara en un segundo plano. «Esta nota de enmascaramiento, de efectiva ocultación de la intervención pública revela la plena conciencia de la injusticia de su actuación», remarca Fiscalia.
El texto remarca que Mas «convirtió irraonablement su voluntad en aparente fuente de normativitat, ya que su conducta refractaria a cumplir la orden jurisdiccional no tenía ningún tipo de justificación legal, resultando su contradicción con el derecho evidente, patente, flagrante y clamorosa».
Con respecto a Joana Ortega, los fiscales consideran que «asumió el control público y la coordinación de las actuaciones de preparación y desarrollo de la jornada». Sobre Rigau, lo acusan de utilizar los servicios territoriales de su departamento para garantizar que los institutos públicos abrieran y de ocuparse de proporcionar los ordenadores portátiles a las mesas de votación.
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