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Una imatge d'arxiu d'una protesta d'estibadors al Port de Tarragona.

Los estibadores paralizan la actividad del puerto como medida de fuerza

Una imagen de archivo de una protesta de estibadores en el Port de Tarragona.

El Congreso vuelve a debatir la liberalización de la estiba con la amenaza de huelga sobre la mesa

El gobierno español confía poder convalidar el decreto ley y evitar la sanción millonaria por el incumplimiento de la sentencia del TJUE

Actualizada 17/05/2017 a las 20:32

El Congreso de los Diputados debatirá este jueves sobre el nuevo decreto ley para liberalizar el sector de la estiba que aprobó el viernes pasado el consejo de ministros. El debate se produce casi dos meses después de que el Congreso rechazara el planteamiento inicial hecho por el gobierno español. Una vez hechas las modificaciones, el ministerio de Fomento confía en que se podrá obtener la convalidación del real decreto. Por su parte, el PDECat ya ha dicho públicamente que se abstendrá si el decreto no contribuye a acabar con el conflicto. Una abstención que podría ayudar a sacar adelante el decreto ley. Los trabajadores de la estiba, que se encargan de la carga y descarga de mercancías en los puertos, no ven de buen ojo el decreto ley y están en pie de guerra, de MODO que ya han anunciado huelgas a partir del próximo 24 de mayo.

Contrarios a la liberalización del mercado laboral de su sector, los estibadores mantienen el preaviso de huelga que presentaron el viernes pasado. Una huelga que, a partir del miércoles 24 de mayo, pararía los puertos del Estado cada lunes, miércoles y viernes en horas intermitentes (es decir, una sí y una no a lo largo de las 24 horas) durante tres semanas. De hecho, la patronal del sector, Anesco, ha denunciado que desde este miércoles hay una «huelga encubierta e ilegal» en los puertos españoles, ya que, según aseguran, los estibadores han bajado su actividad.

La aprobación de este nuevo decreto permitiría dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que condenó el Estado a modificar la Ley de puertos del 2010 para permitir que las empresas puedan contratar libremente sus trabajadores.

El gobierno español ya aprobó un primer decreto ley en febrero pero no consiguió la aprobación del Congreso para sacarlo adelante. Ahora ha incluido modificaciones – pequeñas, según admite el mismo ejecutivo estatal- para buscar el consenso necesario para aprobar el decreto ley y evitar así el pago de una sanción de 27.522 euros diarios para incumplir la normativa comunitaria. La sanción no se tendría que pagar hasta que hubiera una segunda sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, pero si hay un segundo auto, España tendrá que hacer frente a una multa millonaria –27.522 euros multiplicado por tantos días como hayan pasado desde el 11 de diciembre del 2014, el día de la primera sentencia- y además se enfrentará a una nueva sanción de 134.000 euros diarios.

En relación a los cambios hechos recientemente al decreto ley, Fomento ha suprimido la disposición que eliminaba el recargo de la cuota empresarial de la Seguridad Social para los contratos temporales de menos de siete días. El nuevo decreto ley también ha fijado que los trabajadores no tendrán que disponer de un título de Formación Profesional porque «no existía ningún título propio que se correspondiera específicamente con la manipulación de mercancías», según el ministro. Asimismo, se requerirá un certificado de profesionalidad, que prevé la realización de unas prácticas no laborales en instalaciones portuarias. Por otra parte, el nuevo decreto garantiza a los estibadores el control de la carga y descarga de vehículos en los puertos.

Liberalización del mercado de trabajo de la estiba
Hasta ahora, los puertos españoles tenían que tener por imperativo legal una sociedad de estiba (en el caso del puerto de Barcelona es Estibarna-Sagep) y las terminales de los puertos tenían que ser accionistas de esta sociedad. Así pues, los estibadores de Barcelona trabajan por Estibarna-Sagep, una sociedad de la cual forman parte una decena de empresas que operan las terminales del Puerto, como TCB, Hutchinson, Autoterminal, Setram, Grimaldi o Transmediterrania, entre otros. Precisamente, el decreto ley aprobado por el gobierno español quiere acabar con la obligatoriedad sobre los operadores de las terminales de formar parte de la sociedad de estibadores, ya que así lo indicaba la sentencia del TJUE. Y es que según el derecho europeo, no se puede obligar ninguna empresa privada a ser accionista de otra empresa.

Por otra parte, las terminales hasta ahora tenían que contratar preferentemente personal de esta sociedad de estibadores para poder hacer carga y descarga de las mercancías. A raíz del decreto ley, en cambio, el mercado de trabajo se liberalizará, de modo que se podrá contratar personal de otras empresas, si bien el decreto ley contempla la necesidad de que el personal de la estiba esté cualificado. En definitiva, tal como explicó el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, el objetivo del decreto ley es que la estiba deje de ser «un sector monopolístico».

Desde el sindicato de estibadores Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar, mayoritario en el puerto barcelonés, se defiende que la liberalización del mercado de trabajo de la estiba hará que se contraten personas que no son del sector y eso hará que no estén lo suficiente cualificados para hacer el trabajo y por lo tanto todo acabe siendo un «desastre», aseguran fuentes del sindicato.

Por su parte, la patronal Anesco (Asociación estatal de empresas estibadoras y consignatarias de fuselajes) siempre ha defendido que hay que trabajar para dar cumplimiento a la sentencia de la Unión Europea y hace un llamamiento al diálogo para evitar la conflictividad en el sector.
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