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Imatge de la façana del número 18 del carrer Santa Anna de Reus on s'ha produït un incendi mortal el 14 de novembre de 2016

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Imagen de archivo de la fachada del piso de una vecina de Reus que murió en un incendio después de sufrir un caso extremo de pobreza energética. El suceso conmocionó la ciudad.

Dos anónimos evitan que una familia que no podía pagar la luz ingrese en prisión

«No han querido hablar y solo sabemos que se han puesto en contacto con la familia, han ido al juzgado y han pagado»
  • Redacció

Actualizada 31/03/2017 a las 17:42

Dos personas, que quieren seguir manteniendo su anonimato, han pagado más de 1.000 euros para evitar que una familia ingrese en prisión por haberse «enganchado» a la red eléctrica. Este es otro caso de pobreza energética, explica la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), de una familia del barrio del Cabanyal, en Valencia, que no podía pagar la factura de la luz, ni la multa correspondiente, ni la indemnización a Iberdrola que les impuso al juez. La suma total es de 2.780 euros, a los cuales habría que sumar los intereses de la indemnización y los costes procesales.

Marcos, Ana, y su hija Antonia, se «engancharon» a la red eléctrica como último recurso. La compañía eléctrica los denunció y el juez da por probado que «desde al menos el mes de diciembre del 2012 hasta el mes de noviembre del 2013 (...) han ido consumiendo energía eléctrica sin abonar ningún importe». A causa de la sentencia, la familia tenía que devolver 1.339,58 euros a Iberdrola como indmenització y una multa de 4 euros al día durante cuatro meses por cada miembro del hogar, es decir, 1.440 euros.

Sin recursos
Ante la imposibilidad de afrontar el pago dictado en mayo del 2015, y al considerarse un «delito de defraudación de fluido eléctrico» (contenido en el artículo 255.1 del reformado Código Penal), Marcos y Ana recibieron el pasado día 22 una orden para ingresar dos meses en prisión. Antonia, sin embargo, se libraba de esta sentencia, ya que tres días antes dio a luz a una niña.

La PAH se puso en contacto con los servicios sociales e inició una campaña en las redes sociales para ayudar a la familia. Seguramente gracias a esta iniciativa, el caso llegó las personas anónimas que han pagado de su bolsillo la indemnización. «No sabemos quiénes son o si son personas influyentes. No han querido hablar ni con nosotros y sólo sabemos que se han puesto en contacto con la familia, han ido al juzgado y han pagado». Desde la PAH consideran que es «injusto que se esté criminalizando la pobreza». «Es el colmo que una persona tenga que entrar en prisión por ser pobre. No lo podemos permitir, hay muchas medidas», asegura Celia Rodríguez, miembro de la plataforma.

Ahora, según la PAH, el juez ha considerado la «buena voluntad» de los acusados, ha suspendido el ingreso en prisión y estudia la posibilidad de rebajar la multa de cuatro euros al día. La familia, por fin, descansa y rechaza hacer declaraciones para no revivir lo que consideran una «pesadilla».
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