Diari Més

Cas Nóos

Urdangarín, 6 años y 3 meses de prisión; la infanta Cristina, absuelta

El expresidente balear Jaume Matas ha sido condenado a tres años y ocho meses de prisión y el exsocio de Urdangarin ha sido condenado a ocho años y medio

Iñaki Urdangarin y su exsocio Diego Torres, durante la sesión del juicio del 'caso Nóos' del 10 de junio del 2016.

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La Audiencia de Palma ha condenado a seis años y tres meses de prisión el exduque de Palma Iñaki Urdangarin en el 'caso Nóos', mientras que su esposa, la infanta Cristina, ha sido absuelta pero tendrá que pagar 265.000 euros como responsable civil de manera solidaria con su marido. El exsocio de Urdangarin en el Instituto Nóos, Diego Torres, ha sido condenado a ocho años y medio de prisión, mientras que el expresidente balear Jaume Matas a tres años y ocho meses de prisión. La sentencia puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.

En una sentencia de más de 740 páginas hecha pública este mediodía, la Audiencia considera que la contratación de la mercantil Nóos Consultoria Estratégica por parte del gobierno balear, participada al 50% por Torres y Urdangarin, para la realización del renombre 'Oficina del Proyecto' y del Instituto Nóos para la realización de los Islas Baleares Foro 2005 y 2006, se llevó a cabo prescindiendo de la tramitación legal que era aplicable y respondió a la decisión unilateral de Matas, que adoptó a causa de la influencia ejercida por Urdangarin, concertado con Torres. Para eso, Urdangarin se sirvió de la íntima relación de amistad que lo unía al recientemente nombrado director general de Deportes, José Luis 'Pepote' Ballester, y del privilegiado posicionamiento institucional que ocupaba en aquellas fechas.

Las decisiones adoptadas por Matas fueron trasladadas por Ballester a Juan Carlos Alía Pino, gerente del Instituto Balear de Turismo (Ibatur) y este, a su vez, en el asesor jurídico de Ibatur, Miquel Àngel Bonet y a Gonzalo Bernal, gerente de la Fundación Illesport, los cuales, trataron de revestir de legalidad las decisiones unilateralmente adoptadas por Matas, simulando que habían sido tomadas por la Fundación Illesport a través de la confección de unas actas en las que se hacían constar reuniones de la Comisión Ejecutiva o del Patronato de la Fundación que nunca se celebraron.

Asimismo, la Fundación Illesport se hizo cargo del pago de 174.000 euros que no tenía que haber satisfecho, ya que tal importe tenía que ser abonado por la mercantil Abasta Sport SL, y de la cantidad de 445.000 euros, correspondientes a los servicios relativos al Observatorio y al Plan Estratégico, incluidos en el convenio relativo al Islas Baleares Foro 2006, que no llegaron a ejecutarse. Esta última cantidad se abonó como consecuencia de la reiterada exigencia de pago promovida por los representantes del Instituto Nóos, a pesar de ser conscientes, la autoridad y los funcionarios públicos, que los servicios no se habían prestado.

Diego Torres y Urdangarin tributaron a través del Impuesto de Sociedades lo que, en realidad, eran rendimientos devengados como consecuencia de su actividad profesional, que tenían que haber tributado a través del IRPF, y se aplicaron deducciones a las cuales no tenían derecho, defraudando en el erario público cantidades superiores a 120.000 euros.

Diego Torres, a través de un entramado societario internacional, radicado a Belice y al Reino Unido, ocultó la cuota defraudada en el erario público, transformándola, para devolverla al circuito legal mediante la realización de sucesivos traspasos de fondo, hasta que acabaron depositados en cuentas su titularidad.

Condenas

Por todo eso, la Audiencia de Palma ha condenado Urdangarin como autor de un delito continuado de prevaricación, falsedad de documento público, malversación de fondos públicos, dos delitos contra la Hacienda Pública, tráfico de influencias y un delito de fraude a la Administración Pública. En total, las penas por todos estos delitos suman 6 años y 3 meses de prisión, 7 años y un mes de inhabilitación y una multa de 512.553,68 euros. Urdangarin ha sido absuelto del resto de delitos de los que estaba acusado.

En cambio, la infanta Cristina ha sido absuelta de los delitos de los que estaba acusada por parte de la acusación popular, ejercida por Manos Limpias. El tribunal considera que la hermana del rey Felipe VI no es autora de ningún delito, pero tendrá que responder en calidad de responsabilidad civil a título lucrativo, de manera conjunta y solidaria con su marido, con un tope máximo de 265.088,42 euros.

Con respecto al exsocio de Urdangarin, Diego Torres, ha sido condenado a 8 años y medio de prisión, 8 años de inhabilitación y una multa de 1.723.843,10 euros. Se lo declara autor de un delito continuado de prevaricación, falsedad de documento público, malversación de fondos públicos, fraude a la Administración Pública, tráfico de influencias, un delito contra la Hacienda Pública y otro de blanqueo.

Como en el caso de la infanta, la esposa de Torres, Ana María Tejeiro, ha sido absuelta, aunque tendrá que responder en calidad de responsabilidad civil a título lucrativo, de manera conjunta y solidaria con su marido, con un máximo de hasta 344.934,31 euros.

El expresidente de las Islas Baleares Jaume Matas ha sido declarar autor de los delitos de prevaricación, falsedad de documento público, malversación de fondos públicos y fraude a la Administración. En total, ha sido condenado a 3 años y 8 meses de prisión y 7 de inhabilitación.

José Luis Ballester y Gonzalo Bernal han sido declarados autores de los delitos de prevaricación, falsedad cometida por funcionario público, malversación de fondo público y un delito de fraude a la Administración. En total, cada uno de ellos han sido condenados a 15 meses y 2 días de prisión, que se sustituirán por penas de multa de 9.040 y 5.424 euros respectivamente, y 4 años y medio de inhabilitación.

Finalmente, los dos últimos condenados han sido Juan Carlos Joaquín Alia y Miguel Ángel Bonet, que han recibido cada uno una pena de un año y dos días de prisión, a los cuales se sustituirá por una multa total de 4.626 euros, por los delitos de falsedad documental cometida por funcionario público y prevaricación, además de una inhabilitación de seis meses.

El resto de acusados han quedado absueltos: Miguel Tejeiro -absuelto por la retirada de la acusación de la fiscalía-, Marco Antonio Tejeiro, Luis Lobón, José Manuel Aguilar, Jorge Vela, Elisa Maldonado, Mercedes Coghen, Alfonso Grau y Salvador Trinxet.

Peticiones de la fiscalía

El fiscal anticorrupción Pedro Horrach pedía 19 años y medio de prisión para Urdangarin por los delitos de prevaricación, malversación, fraude, delitos fiscales, blanqueo de capitales, estafa y falsedad documental, mientras que la acusación popular, Manos Limpias, pedía 26 años y medio de prisión. Para Torres, el ministerio público pedía 16 años y medio por los mismos delitos, y Manos Limpias 22 años de prisión. Para la Infanta, la fiscalía pidió la absolución, mientras Manos Limpias pedía ocho años de prisión por dos delitos fiscales como cooperadora necesaria a la sociedad patrimonial conjunta con su marido, Aizoon. Para Jaume Matas, el fiscal rebajó la petición inicial, después de admitir algunos de los hechos, y la dejó en 5 años de prisión. También rebajó la petición de penas para cuatro exaltos cargos baleares.

En Torres la fiscalía le pidió una cuota defraudada del IRPF del 2007 de más de 442.000 euros en 380.700, cosa que redunda en la multa, que es el triple de esta cifra. A Urdangarin, se le reclaman 174.000 euros del IRPF del 2007 y 152.000 del 2008, en vez de 182.000 y 155.000 respectivamente, que también tendrá que multiplicar por tres.

Para a quien modificó la pena es para el contable del Instituto Nóos y cuñado de Torres, Marco Antonio Tejeiro, para quien pedía dos años de prisión por blanqueo de capitales, estafa, falsedad en documento mercantil y malversación de fondos públicos. Después le pidió dos años de prisión por malversación, estafa y falsedad, pero que podía sustituir por una multa.

Los cambios más sustanciales fueron para Matas y cuatro de los suyos exaltos cargos. Matas ingresó 865.000 euros de la venta de su palacete en el centro de Palma, y le admitía las atenuantes de reparación del daño y de confesión, porque durante su declaración ante la Audiencia, previamente acordada con el ministerio público, el expresidente balear admitió haber contratado Urdangarin sin concurso público, para ser quien era, para llevar la gestión del patrocinio del antiguo equipo ciclista Banesto y para celebrar un foro sobre turismo y deporte. Así, delante de los 11 años de prisión de petición inicial, ahora pedía cinco, más 13 de inhabilitación.

Además, entre Urdangarin, Torres, Matas, Ballester y Bernal tendrían que pagar 2,5 millones de euros y 116.000 euros más a repartir con Juan Carlos Alía y Miguel Ángel Bonet.

El resto de acusaciones, como la Abogacía del Estado, la Abogacía de Baleares, la acusación popular de los socialistas valencianos o Manos Limpias, mantuvieron un criterio muy similar, con rebajas mínimas para Marco Antonio Tejeiro, José Luis Bonet y Gonzalo Bernal, pero mencionaron a Jaume Matas.

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